Durante una audiencia procesal orientada a evaluar la solicitud de un nuevo juicio promovida por la defensa de Karmelo Anthony, de 19 años, la fiscalía del condado de Collin en Texas reveló nuevos elementos probatorios que no fueron presentados ante el jurado en el juicio original de junio de 2026. Entre las evidencias excluidas destacan mensajes de texto recuperados del teléfono móvil del imputado, en los que supuestamente manifestaba fantasías sobre herir violentamente a otra persona con un arma punzocortante y “lamer la sangre de la hoja”, además de imágenes de cuchillos con frases indicando estar “al límite” horas antes del trágico suceso.
Anthony fue condenado a 35 años de prisión tras ser hallado culpable del homicidio de Austin Metcalf, un estudiante de 17 años que falleció tras ser apuñalado en el tórax durante un evento atlético de secundaria en Frisco, Texas, en abril de 2025. A lo largo del proceso judicial, la representación legal de Anthony sostuvo la tesis de la legítima defensa frente a un altercado en la zona de carpas; sin embargo, el jurado desestimó dicho argumento. La fiscalía argumentó en la reciente audiencia que tanto los antecedentes de hostigamiento hacia su expareja como los mensajes amenazantes evidenciaban una conducta previa orientada a provocar un enfrentamiento físico.
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Por su parte, el equipo legal que representa a Anthony expuso igualmente que durante el juicio principal se omitió información potencialmente perjudicial sobre el entorno de la víctima, señalando la existencia de pruebas sobre pintadas con contenidos racistas atribuidas al difunto y su hermano gemelo. De acuerdo con las exposiciones realizadas ante el tribunal, ambas partes procesales habían llegado a un acuerdo informal fuera de registro para acotar el debate exclusivamente a los hechos acontecidos bajo la carpa el día del crimen, evitando así la introducción de evidencia inflamatoria sobre el carácter de los involucrados para mitigar la tensión pública y las amenazas en torno al caso.
La evaluación sobre la eventual reapertura de un nuevo proceso legal se encuentra a cargo de la instancia judicial designada tras la recusación del juez original del caso, John Roach, cuya remoción se produjo a raíz de declaraciones públicas en medios de comunicación sosteniendo la validez de la condena dictada. El tribunal deberá examinar si los acuerdos informales de exclusión probatoria e irregularidades procedimentales alegadas por la defensa vulneraron el derecho a un juicio justo o si la sentencia dictada debe mantenerse firme.
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