El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, formalizó este miércoles mediante una proclamación ejecutiva el incremento temporal de la cuota libre de aranceles para la importación de recortes de carne magra de vacuno. La medida otorga rango legal al plan anunciado previamente por el mandatario y habilita el ingreso de hasta 300.000 toneladas métricas de carne molida durante un periodo de 90 días sin pagar las tarifas adicionales habituales. La Casa Blanca argumentó que la decisión responde a la necesidad urgente de frenar el aumento desproporcionado en los precios minoristas que enfrentan los consumidores estadounidenses.
El origen de la crisis alimentaria radica en una severa contracción de la oferta ganadera local. Afectado por sequías prolongadas, incendios forestales, el alza en los insumos y las recientes restricciones sanitarias a la importación de bovinos desde México por la plaga del gusano barrenador, el hato bovino en EE. UU. cayó a 86,2 millones de cabezas en enero, su nivel más bajo desde 1951. Esta escasez provocó que el precio promedio de la carne molida alcanzara los USD 6,89 por libra en julio, registrando un incremento cercano al 57% en los últimos cinco años.
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Pese al objetivo del gobierno de reducir los precios en los mostradores hasta en un 25%, la proclamación ha generado un intenso debate político y económico. La Federación Americana de Oficinas Agrícolas (Farm Bureau), la Asociación de Ganaderos de EE. UU. y senadores del Partido Republicano manifestaron un firme rechazo a la medida. Los detractores advierten que la entrada masiva de carne extranjera perjudicará a los productores locales, coincidiendo además con la ventana de 90 días en la que el sector pecuario nacional comercializa cerca del 70% de los terneros nacidos en primavera.
Esta decisión replica una estrategia similar aplicada por la administración estadounidense en febrero pasado, cuando se amplió la cuota de importación para cortes procedentes de Argentina. Durante los próximos tres meses se evaluará la efectividad del decreto para verificar si la rebaja arancelaria se traslada a la economía familiar o si el margen de ganancia queda retenido por las empacadoras y distribuidores.
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