Defensores legales, líderes comunitarios y miembros sindicales llevaron a cabo una conferencia de prensa frente a la Cárcel del Condado de Travis este sábado tras la detención de Misael Ramos, candidato al Concejo Municipal de Austin respaldado por los Socialistas Democráticos de América (DSA) e integrante de la Unión de Empleados Estatales de Texas (TSEU). El aspirante político fue arrestado la mañana del sábado en vinculación con las manifestaciones realizadas a principios de semana en repudio al tiroteo del ciudadano venezolano Wilber Rafael Garcés Pérez a manos de un oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), recuperando su libertad horas más tarde durante la tarde-noche.
Durante el pronunciamiento público en el recinto carcelario, portavoces civiles y representantes jurídicos exigieron transparencia a las corporaciones policiales, acceso irrestricto a la defensa letrada, trato digno a las personas bajo custodia y respeto a las garantías constitucionales de protesta pacífica. El trasfondo del descontento ciudadano radica en la condición médica de Garcés Pérez, repartidor de veintiocho años que permanece hospitalizado en instalaciones migratorias con un proyectil alojado en su espalda, situación que ha generado múltiples marchas y paros estudiantiles en el área metropolitana de Austin.
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De acuerdo con los reportes del Departamento de Policía de Austin (APD), al menos cuatro personas fueron detenidas inicialmente durante la manifestación del domingo bajo señalamientos de motín, resistencia al arresto y agresión a un oficial del orden público, a las que se sumó otra detención procesada por el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) por obstaculización de vías públicas. En el caso de Ramos, los registros penitenciarios formalizaron un cargo por delito menor de Clase B de motín («riot»); no obstante, el candidato rechazó cualquier conducta delictiva y confirmó que disputará jurídicamente las acusaciones ante los tribunales.
La conferencia también puso el foco en las condiciones de fianza impuestas a los manifestantes procesados, las cuales han sido catalogadas como violatorias de la Primera Enmienda por el Austin Lawyers Guild. El gremio de abogados expuso los fundamentos jurídicos con los que impugnarán las órdenes restrictivas que prohíben a los activistas acercarse a menos de doscientas yardas del Capitolio del Estado de Texas y del lugar donde se produjo el tiroteo en el norte de Austin, medidas que consideran un intento desmedido por limitar la libre expresión y el derecho de reunión.
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