La Fiscalía del Condado de Bexar mantiene en evaluación la posibilidad de solicitar la pena de muerte para Marlene Vidal, una mujer de 34 años procedente de Edinburg, imputada por el asesinato de sus dos menores hijos y por incendiar el vehículo donde fueron localizados los cuerpos. Durante una audiencia de seguimiento celebrada en la mañana del miércoles ante el juez Joel Pérez, en la Corte del Distrito 437 de San Antonio, la representación fiscal confirmó que la decisión definitiva sobre la pena capital aún no ha sido ratificada por las autoridades superiores del ministerio público.
Vidal enfrenta dos cargos de homicidio calificado (capital murder) y un cargo de incendio intencional en relación con el fallecimiento de sus hijos, Adrian Akeel Vidal, de 5 años, y Aleeza Elena Vidal, de 6 años. Los hechos ocurrieron el pasado 15 de mayo, cuando los servicios de emergencia localizaron los restos de los menores en el interior de una camioneta envuelta en llamas en un estacionamiento cercano al bulevar Richland Hills, próximo a la intersección del Loop 410 y la autopista 151. La acusada se encontraba en el lugar al momento del arribo policial, y las investigaciones posteriores apuntaron a su responsabilidad directa, evaluándose además la incidencia de factores de salud mental en el suceso.
También te puede interesar: Tiger Woods comparecerá ante un tribunal de Florida para modificar su declaración en el caso por conducción bajo los efectos de sustancias
Durante el desarrollo de la sesión judicial, el juez Pérez requirió a ambas partes un informe detallado sobre el estado del intercambio de evidencias y descubrimiento probatorio. La defensa de la acusada señaló haber recibido un volumen considerable de material, aunque precisó que restan informes por integrar al expediente. Por su parte, los fiscales indicaron que diversos elementos continúan bajo custodia policial a la espera de ser procesados y transferidos a la defensa, además de requerir registros adicionales solicitados por las agencias investigadoras.
El magistrado instó a la fiscalía a celerar la entrega del material probatorio a los abogados defensores y a consultar con los mandos superiores para definir a la brevedad la postura institucional respecto a la condena a solicitar. Tras verificar que no existen mociones previas al juicio pendientes de resolución, el juez reprogramó la causa para una nueva audiencia procesal en un plazo de 60 días, período en el cual las partes deberán completar la revisión de pruebas y el ministerio público determinará si buscará la pena de muerte.
Visita: http://austinlatinx.com
