La Fiscalía del Condado de Tompkins, en el centro del estado de Nueva York, anunció la reapertura de una investigación penal en torno a una presunta agresión sexual cometida en octubre de dos mil veinticuatro al interior de la sede de la fraternidad Chi Phi, en el campus de la Universidad Cornell. El fiscal de distrito Matthew Van Houten confirmó formalmente que su despacho presentará el caso ante un gran jurado tras coordinar la colaboración testimonial de la víctima, una exestudiante que figura en los expedientes judiciales bajo el seudónimo de Jane Doe y cuya reciente demanda civil en los tribunales federales reactivó el escrutinio público sobre los hechos.
De acuerdo con el recurso legal interpuesto contra la Universidad Cornell y siete integrantes de la organización estudiantil —identificados como Matthew Ingalls, Johnathan Newell, Winston Lee, Gillio Lopes, Diego Sarabia, Scott Norris y Scott Kretzschmar—, la demandante acudió intoxicada a la residencia de la fraternidad en Ithaca para visitar a un amigo. El escrito alega que dos miembros la indujeron a consumir una sustancia identificada como ketamina para luego someterla sexualmente, tras lo cual habrían publicado mensajes en la plataforma Snapchat incitando a otros miembros a acudir al dormitorio, derivando en un ataque grupal prolongado durante varias horas.
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La víctima denunció los hechos ante la policía universitaria unas tres semanas después de lo ocurrido; sin embargo, en aquel momento la fiscalía local determinó que la indagatoria policial carecía de elementos suficientes para formular cargos penales, y ninguno de los acusados fue detenido. En el plano disciplinario interno, la institución educativa celebró al menos doce audiencias que derivaron en la expulsión definitiva de dos miembros, suspensiones y talleres para otros involucrados, así como la revocación indefinida del reconocimiento oficial a la sección local de Chi Phi, aunque la afectada optó posteriormente por abandonar sus estudios en Cornell.
El fiscal Van Houten explicó que los testimonios y elementos detallados en la reciente demanda civil presentan discrepancias sustanciales frente a las declaraciones policiales preliminares recabadas en dos mil veinticuatro, por lo que los peritos evaluarán si el material probatorio recién disponible sustenta la tipificación de delitos graves. Por su parte, la directiva nacional de Chi Phi condenó de manera enérgica la violencia sexual y declinó emitir comentarios de fondo mientras el litigio permanezca pendiente de resolución judicial, en tanto Cornell defendió sus protocolos internos de derechos civiles y la conformación de un comité especial para prevenir abusos en el campus.
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