Un exmando del área de seguridad de Facebook y reconocido denunciante, Arturo Bejar, criticó duramente el acuerdo multimillonario de 18.000 millones de dólares pactado entre Meta y más de dos docenas de estados de EE. UU. El especialista argumentó que los compromisos asumidos son insuficientes para proteger la integridad de los menores de edad y no exigen una rendición de cuentas sustancial a la corporación, la cual enfrentaba demandas por diseñar deliberadamente algoritmos adictivos dirigidos a niños y adolescentes.
Bejar recriminó que las cláusulas del pacto otorgan un margen excesivo a la propia empresa para calificar la gravedad de los riesgos en sus plataformas. Según sus declaraciones, la redacción inicial permite a Meta encuadrar el concepto de daño bajo sus propios parámetros y justificar medidas que ya se encontraban previamente en funcionamiento. El informante, quien ha testificado en múltiples ocasiones ante el Congreso y los tribunales federales, reiteró que la exposición de los jóvenes a interacciones peligrosas e indiscretas en aplicaciones como Instagram sigue siendo un problema cotidiano no resuelto.
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El acuerdo alcanzado estipula el desembolso de 18.000 millones de dólares en un plazo de diez años, condicionado a la implementación de controles estrictos de tiempo, bloqueos nocturnos, silenciamiento de notificaciones durante el horario escolar y mecanismos de verificación de edad. No obstante, autoridades como el Fiscal General de Florida rechazaron sumarse al pacto para ir a juicio, argumentando que la cifra representa una sanción mínima en relación con el valor de mercado de Meta y no compensa los perjuicios acumulados durante más de una década.
Por su parte, defensores del arreglo, como el Fiscal General de California, calificaron el pacto de histórico al priorizar los cambios de conducta corporativa por encima de las penalizaciones monetarias. Paralelamente, la medida busca presionar a competidores como TikTok y YouTube, pues el 30% de los fondos asignados a los estados estará supeditado a que dichas plataformas adopten restricciones equivalentes. Este debate coincide con la reciente aprobación de leyes en la legislatura de California para prohibir funciones adictivas en menores de 16 años.
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