Autoridades del Departamento de Justicia anunciaron la imputación formal de un empleado del Servicio Postal de los Estados Unidos en el estado de Utah, acusado de haber desechado cientos de piezas de correspondencia oficial que incluían boletas de votación durante las elecciones primarias estatales de junio. El procesamiento judicial, derivado de un dictamen emitido por un gran jurado federal, coincidió con nuevos pronunciamientos del gobierno federal orientados a endurecer las normativas y los controles sobre los mecanismos de sufragio a distancia en todo el país.
De acuerdo con las indagatorias encabezadas por la oficina del inspector general de la corporación postal, el trabajador —residente de la localidad de Payson— arrojó deliberadamente la correspondencia en un contenedor de basura ubicado en el estacionamiento de una iglesia en el condado de Utah. Las pesquisas se iniciaron tras detectarse que cerca de trescientas boletas electorales nunca llegaron a los buzones residenciales de votantes registrados, concentrándose la mayor parte de las pérdidas en la comunidad de Eagle Mountain.
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Previo a la certificación de los resultados en dicha demarcación, funcionarios electorales del condado señalaron que el volumen de sufragios extraviados no alteró el desenlace en ninguna de las contiendas locales disputadas, dada la amplia diferencia de votos registrada entre las distintas candidaturas. No obstante, el incidente fue retomado por altos mandos judiciales en la capital para cuestionar la vulnerabilidad de los sistemas de envío postal en procesos electorales estatales.
Durante una conferencia de prensa en Washington, representantes del Departamento de Justicia argumentaron que la orden ejecutiva promovida por la administración del presidente Donald Trump para regular y restringir el voto por correo habría impedido la comisión de este delito. Pese a que dicha regulación federal permanece suspendida tras fallos judiciales de tribunales de distrito ratificados recientemente por la Corte Suprema, portavoces gubernamentales aseguraron que continuarán impulsando medidas administrativas y legales de fiscalización sobre el manejo de las papeletas electorales.
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