La administración del presidente Donald Trump formalizó el bloqueo de 810 millones de dólares en fondos federales previamente aprobados justo antes del cierre del año fiscal, justificando la medida bajo el argumento de que dichos recursos ya no resultaban necesarios y no respondían al interés nacional de los Estados Unidos. La retención se ejecutó mediante la figura procesal conocida como «rescisión de bolsillo» (pocket rescission), una maniobra que permite a la Casa Blanca proponer la cancelación de partidas en los últimos compases del ciclo fiscal para que el dinero expire y caduque automáticamente sin que el Congreso disponga del margen de tiempo necesario para debatirlo o someterlo a votación.
De acuerdo con Rachel O’Brien, editora adjunta de políticas públicas de la organización fiscalizadora OpenTheBooks, el recorte más significativo corresponde al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), del cual se congelaron 567 millones de dólares que estaban destinados a programas de asistencia para personas no ciudadanas, incluidos refugiados, solicitantes de asilo e inmigrantes indocumentados. Representantes de la administración sostuvieron que, con los cruces fronterizos en niveles históricamente bajos, estas partidas representaban un excedente presupuestario innecesario. Los ajustes afectaron además al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) con una reducción de 56 millones de dólares en asesoría hipotecaria, así como recortes combinados de 25 millones tanto en el Departamento de Educación como en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), enfocados en subsidios de transporte, vivienda accesible, asesoría legal y salud para comunidades no ciudadanas.
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La Casa Blanca catalogó estas asignaciones como esquemas de asistencia pública para personas en situación irregular que incentivan el cruce fronterizo no autorizado. O’Brien recordó que entre 2020 y el año previo, el HHS erogó cerca de 22.000 millones de dólares en atención a no ciudadanos a través de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), facilitando desde acceso a Medicaid hasta créditos vehiculares e hipotecarios, antes de que el titular de la dependencia, Robert F. Kennedy Jr., restringiera el acceso de personas indocumentadas a determinados programas de beneficio social.
Esta nueva intervención se suma a los antecedentes de retención presupuestaria impulsados por el gobierno federal, luego de que el Congreso diera luz verde a un paquete de rescisiones de 9.000 millones de dólares el año pasado y la presidencia cancelara posteriormente cerca de 5.000 millones adicionales mediante el mismo procedimiento de vencimiento de fondos. No obstante, legisladores y juristas críticos del mecanismo han denunciado que este esquema equivale a un veto de línea presupuestaria inconstitucional, argumentando que vulnera la facultad exclusiva que la Constitución confiere al poder legislativo sobre el erario público al acumular más de 14.800 millones de dólares retenidos al margen del Capitolio.
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