El gobierno del presidente Donald Trump escaló significativamente su ofensiva diplomática y legal este viernes al imponer un paquete integral de sanciones económicas directas contra la Corte Penal Internacional (CPI), marcando un giro sin precedentes al dirigir las restricciones contra la institución en su conjunto y no únicamente contra fiscales o magistrados específicos. El secretario de Estado, Marco Rubio, oficializó las medidas mediante una declaración y un mensaje en video, señalando que los Estados Unidos prohibirán de manera terminante cualquier transacción comercial o financiera con el tribunal de La Haya con el propósito de asfixiar sus recursos operativos e impedir que continúe abriendo causas judiciales contra ciudadanos estadounidenses, insistiendo en que Washington no reconoce la jurisdicción del organismo internacional.
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El decreto sancionatorio bloquea la totalidad de los activos y bienes pertenecientes a la CPI bajo jurisdicción estadounidense y concede un plazo de seis meses a corporaciones y particulares nacionales para liquidar y finalizar sus vínculos contractuales con el organismo, lo que amenaza con interrumpir servicios de entidades bancarias, firmas de seguros y proveedores de software radicados en el país. En paralelo, el Departamento del Tesoro expidió cuatro licencias generales extraordinarias para permitir temporalmente gestiones indispensables en materia de telecomunicaciones, soporte informático, pago de pensiones y manutención de personas recluidas en centros de detención del tribunal. Rubio argumentó que la Casa Blanca postergó la aplicación de estas medidas para permitir que los países miembros aliados alinearan el rumbo de la corte, exhortándolos públicamente a «frenar» los excesos de sus autoridades judiciales.
El endurecimiento de Washington responde al rechazo frontal hacia pesquisas previas sobre el actuar de tropas militares estadounidenses en Afganistán —investigación que el tribunal ya dio por concluida— y, de manera primordial, a las órdenes de aprehensión dictadas contra altos funcionarios israelíes, entre ellos el primer ministro Benjamin Netanyahu. La vicefiscal de la CPI, Nazhat Shameem Khan, condenó enérgicamente las sanciones en declaraciones a Reuters, calificándolas como un intento deliberado por socavar el orden jurídico global e intimidar a quienes cooperan con la justicia, advirtiendo que la corte continuará con sus mandatos procesales. El anuncio estadounidense se produjo además pocas horas después de que la jurista sudafricana Navi Pillay, exjueza de la Sala de Apelaciones de la CPI, fuera galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2026, si bien fuentes gubernamentales precisaron que las represalias financieras se venían estructurando con antelación.
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