La batalla legal en torno a la investigación por presunta violación y agresiones sexuales en la Universidad Cornell escaló drásticamente en los tribunales del estado de Nueva York, luego de que el abogado defensor de uno de los imputados enviara una inusual y contundente réplica judicial dirigida al magistrado del Tribunal Supremo estatal (New York Supreme Court) asignado al caso. La presentación busca desestimar y desmentir de manera categórica un escrito radicado el 14 de octubre por el representante de la demandante anónima «Jane Doe», en el cual dicho letrado negaba haber filtrado detalles confidenciales de la investigación disciplinaria universitaria bajo el Título IX (Title IX).
La defensa del acusado calificó las aseveraciones del querellante como «fácticamente incorrectas, innecesariamente incendiarias y representativas de un intento sistemático por difuminar las distinciones entre los coacusados», atribuyendo a su patrocinado conductas que jamás cometió ni respaldó. Para sustentar su reclamo, el documento procesal resalta entrevistas televisivas transmitidas por la cadena CNN los días 28 y 29 de septiembre, en las que el abogado de Jane Doe y un colaborador admitieron públicamente haber estado en comunicación constante con fuentes internas y con la propia demandante mucho antes de formalizar la demanda. Con base en esas declaraciones, la defensa argumenta que el equipo de la presunta víctima trabajó «codo a codo con el periódico universitario The Cornell Sun» para orquestar una campaña mediática y divulgar información prejudicial para influir en la opinión pública.
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Asimismo, la réplica judicial incorporó como anexo probatorio una serie de comunicaciones por correo electrónico intercambiadas con el asesor penal de otro de los acusados, quien exigió formalmente al abogado de Jane Doe retirar sus escritos so pena de enfrentar severas consecuencias disciplinarias y civiles por imputar conductas antiéticas infundadas. «En mis años de práctica en el derecho penal, jamás he considerado que las acusaciones infundadas contra los colegas litigantes constituyan un sustituto legítimo de la abogacía. Su decisión de acusarme públicamente de mala conducta profesional sin ningún sustento fáctico es escandalosa, ofensiva y completamente inaceptable», reza uno de los correos incluidos en el expediente.
El documento remitido al tribunal emplaza formalmente a la contraparte a ingresar una retractación escrita y pública en el mismo foro judicial, reconociendo que carece de base probatoria para señalar filtraciones indebidas por parte de las defensas. La comunicación concluye con un ultimátum advirtiendo que, de no corregirse el registro judicial de inmediato, los abogados afectados solicitarán sanciones formales y medidas de desagravio legal por vulneración de la reputación profesional, profundizando la controversia procesal mientras el tribunal analiza los cargos de fondo.
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