La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos someterá a revisión constitucional este martes una controvertida ley estatal que limita severamente las manifestaciones y actividades de expresión en los recintos universitarios públicos de Texas. La legislación, formalmente catalogada como Proyecto de Ley del Senado 2972 o Ley de Protección del Campus (Campus Protection Act), fue aprobada por la Legislatura de Texas tras la ola de protestas propalestinas y acampadas estudiantiles que sacudieron diversos centros educativos en 2024, episodios que derivaron en masivos despliegues de la policía estatal en la Universidad de Texas en Austin (UT Austin) y llevaron a las autoridades conservadoras a impulsar normativas para evitar desórdenes durante el calendario académico.
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La normativa en litigio obliga a todas las instituciones universitarias públicas de Texas a instaurar reglamentos internos que prohíban cualquier actividad expresiva en los campus entre las diez de la noche y las ocho de la mañana. De forma paralela, el texto legal exige vetar la presencia de oradores invitados, el uso de sistemas de sonido amplificado y la ejecución de instrumentos de percusión durante las últimas dos semanas de cada semestre lectivo, período reservado para las evaluaciones académicas. Aunque la ley entró en vigor en septiembre de 2025, el juez federal de distrito David Alan Ezra bloqueó temporalmente su aplicación en octubre pasado al determinar que las disposiciones eran inconstitucionalmente amplias y ponían en riesgo derechos fundamentales amparados por la Primera Enmienda, fallo que fue inmediatamente apelado por las autoridades del Sistema de la Universidad de Texas.
En la disputa que arriba a los magistrados federales, la defensa legal del estado, encabezada por el procurador general William Peterson, sostiene que la resolución judicial de primera instancia interpretó el estatuto de forma excesivamente rígida, aduciendo que la medida no censura de forma absoluta el debate, sino que busca un equilibrio indispensable para evitar que el ruido interfiera con las horas de sueño y el estudio durante los exámenes finales. Por el contrario, los abogados de las organizaciones estudiantiles de UT Austin y UT Dallas, respaldados por la Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión (FIRE), alegan que el texto legal es tan ambiguo y desmedido que criminaliza actos pacíficos cotidianos, sentenciando que el Congreso estatal carece de facultades constitucionales para suspender la libertad de expresión a las diez de la noche.
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