El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) abrió una investigación formal de carácter penal contra Cassidy Hutchinson, exasistente principal del jefe de gabinete de la Casa Blanca Mark Meadows, bajo sospechas de haber mentido deliberadamente al Congreso durante sus testimonios ante el comité legislativo que investigó el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. De acuerdo con informes periodísticos revelados inicialmente por el portal político Punchbowl News y corroborados por fuentes federales, la pesquisa se centra en determinar si la exfuncionaria incurrió en perjurio y declaraciones falsas al prestar declaración jurada sobre la conducta y los movimientos de Donald Trump durante los disturbios en Washington.
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Hutchinson se convirtió en la testigo estelar y más mediática del comité selecto de la Cámara de Representantes en junio de 2022, ofreciendo relatos que conmocionaron la escena política nacional al asegurar que el mandatario intentó desviar por la fuerza la camioneta blindada de la comitiva presidencial para dirigirse hacia el Capitolio. En su declaración televisada, Hutchinson afirmó bajo juramento que el presidente intentó arrebatar el volante de control a su conductor y que llegó a abalanzarse físicamente sobre el agente del Servicio Secreto Bobby Engel cuando este le impidió avanzar; no obstante, agentes de la propia custodia y testimonios posteriores contradijeron categóricamente la veracidad de esos sucesos, calificándolos como relatos de segunda mano carentes de sustento presencial.
La indagatoria federal también examina las inconsistencias en torno a evidencias documentales presentadas durante las audiencias parlamentarias encabezadas por la excongresista republicana Liz Cheney. En aquella ocasión, Cheney exhibió una nota manuscrita atribuida directamente a Hutchinson que contenía un borrador de declaración pública para el día de los hechos; sin embargo, el exabogado de la Casa Blanca Eric Herschmann intervino públicamente para desmentirla, afirmando bajo su propia responsabilidad legal que él mismo redactó el documento. Aunque los reportes señalan que Hutchinson aún no ha recibido una citación judicial formal (subpoena), la apertura del expediente penal reactiva las disputas sobre la credibilidad de las pesquisas parlamentarias previas en vísperas del ciclo electoral legislativo.
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