Dos oficiales de la Oficina del Sheriff del Condado de Bexar (BCSO) que se encontraban fuera de servicio presentaron su renuncia en lugar de enfrentar un proceso de despido forzoso, luego de haber sido arrestados por agentes del Departamento de Policía de San Antonio (SAPD) durante la madrugada del domingo en incidentes completamente separados. La corporación policial confirmó que se trata de Damian Villegas, de 19 años de edad, arrestado bajo cargos de conducción temeraria (reckless driving), y de Damien Trevino, de 25 años, puesto bajo custodia policial por sospechas de operar un vehículo bajo los efectos del alcohol o sustancias tóxicas (driving while intoxicated).
Respecto a su trayectoria dentro de la corporación, Villegas acumulaba apenas un año prestando servicio como agente de la dependencia, mientras que Trevino contaba con cuatro años de antigüedad en las filas policiales. Tras las detenciones, la Oficina del Sheriff notificó que la separación laboral de ambos exfuncionarios será reportada de inmediato ante la Comisión de Texas sobre el Cumplimiento de la Ley (TCOLE) bajo condiciones deshonrosas con efecto fulminante, cancelando su estatus operativo regular dentro del marco regulatorio estatal de las fuerzas del orden.
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El sheriff del condado de Bexar, Javier Salazar, ratificó la política de cero tolerancia institucional a través de una declaración pública en la que enfatizó que cualquier empleado que decida tomar el volante bajo los efectos del alcohol o poner deliberadamente en riesgo a la comunidad no debería sorprenderse cuando de pronto quede desempleado. Asimismo, se informó que la conducción de las indagatorias penales correspondientes recae por completo en los investigadores del Departamento de Policía de San Antonio, quienes integran los expedientes que se presentarán ante el ministerio público.
La noticia provocó una ola de reacciones y malestar entre la ciudadanía de San Antonio, donde residentes y líderes comunitarios manifestaron su inquietud respecto al impacto de estas conductas en la credibilidad institucional. Ciudadanos locales, como el docente Joey Ramirez, expresaron que resulta alarmante observar a servidores públicos encargados de proteger y guiar a la comunidad incurrir en decisiones que vulneran la seguridad vial, instando a que los elementos policiales mantengan los más altos estándares éticos y de responsabilidad ciudadana tanto dentro como fuera de sus horarios de servicio.
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