El inicio de la votación anticipada a lo largo y ancho del país ha desatado una intensa batalla legal en los tribunales federales. El Justice Department de la administración del presidente Donald Trump ha decidido implementar una estrategia judicial sumamente agresiva, presentando demandas formales de alto perfil que buscan alterar los procesos electorales actualmente en curso en los estados de California y Alaska. Estas maniobras legales de último minuto tienen el potencial de impactar el conteo final de los sufragios a muy pocos días de la jornada electoral definitiva.
En el estado de California, la ofensiva del Justice Department se centra en un litigio que tiene como objetivo principal bloquear y anular el conteo de aproximadamente 20,000 boletas electorales. Las autoridades federales argumentan que estos votos están presuntamente vinculados a individuos catalogados como “probables no ciudadanos”. Matthew Donnelly, abogado del Justice Department, argumentó este domingo que el gobierno federal ya ha proporcionado a los funcionarios estatales información lo suficientemente creíble como para exigir medidas extraordinarias. Según la postura oficial de Donnelly, el estado tiene la obligación legal de, por lo menos, segregar y apartar estas boletas específicas para poder verificar de manera exhaustiva el estatus de ciudadanía de cada votante antes de sumar sus opciones al conteo oficial.
La urgencia de este caso provocó que la corte de apelaciones sesionara de manera extraordinaria durante el fin de semana. Durante la audiencia, el juez Mark Bennett, magistrado de la U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit, cuestionó severamente la viabilidad y el fundamento de la petición federal. El juez señaló desde el estrado que el gobierno busca imponer una orden judicial que resulta enteramente inconsistente con las leyes electorales que han sido adoptadas y ratificadas por la legislatura de California. Por su parte, la oficina del registrador electoral de Los Angeles County declaró mediante documentos judiciales que a nivel local no cuentan con acceso directo a las bases de datos federales sobre ciudadanía.
En defensa del sistema estatal, el senador Alex Padilla explicó que la ciudadanía y la elegibilidad de los votantes se determinan en la fase inicial, justo en el momento en que las personas se registran por primera vez para votar. Sin embargo, figuras políticas conservadoras rechazan esta explicación. El U.S. Attorney Bill Essayli argumentó públicamente que la simple atestación de un individuo no equivale a una verificación rigurosa, afirmando que asegurar que solo los ciudadanos emitan su voto es estrictamente un mandato para hacer cumplir las leyes estatales y federales.
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Simultáneamente, el frente legal se extiende hacia el norte del país. En Alaska, el presidente Donald Trump confirmó haber ordenado directamente al Justice Department que presentara una demanda separada. Esta acción responde a una presunta confusión masiva que podría generarse dentro de su sistema de ranked-choice voting. La controversia surge debido a que un candidato con exactamente el mismo nombre que el senador republicano en funciones, Dan Sullivan, logró aparecer en las papeletas oficiales. El mandatario calificó la situación como una desgracia, alegando que este segundo individuo incluso intentó alterar su inicial intermedia para que coincidiera idénticamente con la del actual senador.
El Attorney General Todd Blanche respaldó la intervención federal señalando que la alarma inicial provino desde dentro del propio estado. Blanche subrayó que fue el líder de la comisión electoral de Alaska, y no la White House, quien advirtió que este segundo candidato homónimo se postula con el único y exclusivo propósito de confundir deliberadamente a los electores y restar votos al senador incumbente.
Para cerrar esta intensa jornada judicial, el Justice Department anunció este mismo lunes la presentación de cargos penales formales que involucran a 48 personas identificadas como inmigrantes indocumentados. Estos arrestos, que abarcan jurisdicciones en estados clave como Pennsylvania, Florida, New York y Nevada, están directamente relacionados con presuntos delitos de votación ilegal, registro fraudulento de votantes y otros crímenes de naturaleza electoral.
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