El gobernador de Tennessee, Bill Lee, emitió una orden ejecutiva de suspensión temporal que aplaza formalmente la ejecución del sentenciado a muerte Gary Wayne Sutton hasta el 7 de octubre de 2027, cancelando la cita programada para el próximo 3 de diciembre. Aunque el decreto del mandatario republicano no anula la condena penal ni revoca la sentencia de pena capital dictada en su contra, la medida impide legalmente que el Departamento de Corrección de Tennessee (TDOC) proceda con el método de inyección letal antes del último trimestre de 2027, otorgando una prórroga de diez meses para dirimir los recursos jurídicos pendientes.
La determinación del Ejecutivo estatal se alinea con la parálisis general decretada sobre el calendario de ejecuciones de 2026, consecuencia directa de la fallida ejecución de Christa Pike el pasado 30 de septiembre. Durante aquel procedimiento en el penal de Riverbend, Pike sobrevivió tras recibir dos dosis completas de pentobarbital, requiriendo su traslado de urgencia a un hospital externo del cual fue dada de alta el 10 de octubre para reingresar al Centro de Rehabilitación Debra K. Johnson bajo constante supervisión médica; mientras las autoridades penitenciarias sostienen que siguieron los protocolos vigentes, la defensa de la reclusa calificó la intervención de negligente y denunció irregularidades graves en el acceso a las vías intravenosas.
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En paralelo al ámbito administrativo, la jueza de la Corte de Cancillería del Condado de Davidson reactivó en el expediente judicial una demanda previa promovida por Pike que impugna la legalidad y constitucionalidad de los protocolos de inyección letal del estado. Si bien la resolución judicial no emitió un fallo definitivo sobre la validez del método de ejecución, permitió reanudar el litigio tras superar controversias de competencia entre tribunales y ordenó a los funcionarios estatales preservar estrictamente todo el material probatorio, grabaciones y registros médicos vinculados al intento fallido de ejecución.
El equipo legal de Sutton celebró el aplazamiento y confirmó que continuará impulsando acciones ante los tribunales para anular de forma permanente la orden de muerte. Entre los argumentos centrales, sus abogados sostienen que Sutton padece una discapacidad intelectual que, conforme a los precedentes de la Corte Suprema de los Estados Unidos, lo hace inelegible para la pena capital, litigio que actualmente aguarda una resolución formal ante la Corte Suprema de Tennessee. Asimismo, la defensa reitera la inocencia del convicto por el homicidio de Tommy Griffin en 1992, cuestionando los peritajes forenses presentados en el juicio de 1996 por el exmédico forense Charles Harlan, a quien años más tarde se le retiró su licencia médica profesional.
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