En el marco de una serie de mesas de concertación económica tripartita, el gobierno interino encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, junto a las cúpulas empresariales del país y las cinco centrales sindicales nacionales, avanza en la redacción de una «ley de consensos laborales». La iniciativa legal busca reestructurar en la práctica las relaciones obrero-patronales en Venezuela y superar la parálisis salarial vigente, orillando de facto la estricta Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) promulgada por el fallecido mandatario Hugo Chávez en abril de 2012, cuya reforma directa el oficialismo ha evitado encarar por motivos de preservación política y simbólica del chavismo.
El principal obstáculo estructural señalado por el sector productivo radica en el esquema de retroactividad de las prestaciones sociales calculado sobre el último salario devengado, fórmula adoptada en 2012 cuando los precios internacionales del crudo rondaban los 100 dólares por barril. En el actual contexto hiperinflacionario, con variaciones de precios anuales superiores al 500% y distorsiones en el mercado cambiario, los empleadores enfrentan un pasivo laboral de cálculo impredecible al momento de liquidar a un trabajador. Esta dinámica provocó la casi total «bonificación» de los ingresos en Venezuela: el salario mínimo legal permanece congelado desde 2022 en 130 bolívares mensuales (equivalentes a menos de 20 centavos de dólar), complementándose de forma discrecional mediante un «ingreso mínimo integral» en bonos que ronda los 240 dólares al mes, sin incidencia en prestaciones, contratos colectivos ni aportes a la seguridad social.
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Representantes del empresariado —entre ellos la directiva de la patronal Fedecámaras, liderada por Felipe Capozzolo— calificaron la iniciativa en discusión como un mecanismo pragmático que permitirá a las empresas otorgar incrementos salariales reales sin arriesgar la viabilidad financiera de las compañías ante pasivos insostenibles. Por su parte, los voceros de las cinco centrales sindicales presentes en las conversaciones destacaron la receptividad del gabinete económico y técnico, subrayando que el proyecto persigue instaurar en el corto plazo un régimen transitorio de recuperación gradual del ingreso obrero.
La meta compartida por las organizaciones gremiales apunta a que, una vez alcanzada una estabilización macroeconómica verificable, se restituya plenamente la vigencia de las convenciones colectivas de trabajo en los sectores productivos y se desmonte definitivamente el esquema asistencialista de bonificaciones no salariales.
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