Un gran jurado federal del Distrito Oeste de Texas formalizó este martes 20 de octubre una acusación penal contra Wilber Rafael Garcés Pérez, un ciudadano venezolano que resultó herido de bala por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, ICE) durante un violento operativo registrado el mes pasado en el sector norte de Austin. De acuerdo con los autos de procesamiento radicados en la corte federal, el encausamiento le imputa delitos graves de asalto, resistencia, interferencia y obstrucción deliberada de las funciones de funcionarios del orden público de los Estados Unidos mientras desempeñaban tareas oficiales.
El pliego acusatorio presentado por los fiscales detalla que los hechos ocurrieron el 20 de septiembre, fecha en la que dos oficiales del ICE intentaron interceptar a Garcés Pérez en una vía pública de North Austin. Según la versión del pliego formal, el individuo empleó su vehículo de motor como un arma mortífera y peligrosa (deadly and dangerous weapon), embistiendo o maniobrando de forma amenazante contra los agentes federales intervinientes. En respuesta a esa maniobra y alegando una amenaza inminente para su integridad física, uno de los uniformados de la agencia migratoria accionó su arma de dotación reglamentaria, hiriendo de bala al conductor en el interior de su automóvil antes de ponerlo bajo custodia y trasladarlo para recibir asistencia médica.
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La imputación federal se produce en un escenario de creciente tensión interinstitucional entre los mandos del Departamento de Policía de Austin (Austin Police Department, APD) y las agencias del gobierno federal. A la par de la causa tramitada en los tribunales federales, la División de Investigaciones Especiales de la policía de Austin mantiene abierta su propia pesquisa criminal independiente sobre el tiroteo protagonizado por el agente del ICE. A comienzos de este mes, la jefa de policía de Austin, Lisa Davis, denunció públicamente que los peritos y detectives locales continúan aguardando la remisión de evidencia material crítica por parte de las autoridades federales, incluyendo registros en video y análisis balísticos, pese a las reiteradas solicitudes formales formuladas desde el ayuntamiento.
En el plano judicial, las autoridades recordaron que una acusación emitida por un gran jurado no equivale a un veredicto de culpabilidad, manteniendo Garcés Pérez el principio de presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario en juicio formal. El caso continuará ventilándose ante un juez de distrito en el Palacio de Justicia Federal de Austin, en medio del escrutinio ciudadano sobre los protocolos de uso de la fuerza letal desplegados por agentes federales en zonas residenciales urbanas.
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