Una investigación criminal de alcance federal fue abierta contra la representante demócrata por Minnesota, Ilhan Omar, centrada en el historial migratorio de su familia y presuntas inconsistencias en la documentación aportada durante sus trámites de naturalización en los Estados Unidos. Como parte de las diligencias autorizadas por la justicia, agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (Homeland Security Investigations, HSI) ejecutaron una orden de allanamiento en la residencia particular de la legisladora en Washington D. C., procediendo a la incautación de su teléfono celular personal, computadoras portátiles, libretas de apuntes y su pasaporte oficial.
El caso, canalizado ante un gran jurado federal radicado en Minnesota, indaga posibles declaraciones falsas relacionadas con la edad asentada en los expedientes de ciudadanía de la congresista, así como posibles maniobras fraudulentas atribuidas a ella o a su difunto padre en el proceso original de reasentamiento como refugiados somalíes. De forma paralela al cateo en la capital federal, la fiscalía emitió más de una docena de citaciones judiciales dirigidas a familiares directos y testigos vinculados al núcleo familiar para comparecer a declarar bajo juramento.
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El exfiscal federal John Fishwick señaló que la concesión de la orden judicial refleja un estándar probatorio riguroso, dado que «el Departamento de Justicia convenció a un juez magistrado federal en Washington de que existía causa probable suficiente para presumir que dentro de la vivienda de la congresista se encontrarían evidencias directas de actividad delictiva». Fishwick subrayó la gravedad institucional del proceso, precisando que, más allá de eventuales cargos penales, el caso plantea consecuencias severas: una revocación civil de la ciudadanía por fraude en la naturalización conllevaría de manera obligatoria la deportación del territorio estadounidense. Asimismo, apuntó que los investigadores estarán auditando si Omar ratificó declaraciones falsas previas en trámites posteriores de pasaporte o solicitudes ante la Administración del Seguro Social.
Por su parte, Ilhan Omar rechazó categóricamente cualquier conducta ilícita y catalogó el despliegue como una persecución de motivación estrictamente política orquestada a escasas semanas de las elecciones intermedias (midterms). Frente a los cuestionamientos por la proximidad electoral de las acciones de fuerza, analistas jurídicos recordaron que la tradicional práctica del Departamento de Justicia de evitar actuaciones de alto perfil previo a unos comicios constituye una pauta no escrita y discrecional. No obstante, el tiempo transcurrido desde los hechos originales y el fallecimiento del padre de la congresista se perfilan como los principales desafíos procesales que enfrentará la parte acusadora en los tribunales.
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