Una corte federal con sede en El Paso, Texas, celebró este viernes una audiencia judicial determinante que podría definir el rumbo de la infraestructura fronteriza en el Parque Nacional Big Bend y sus zonas aledañas. Un juez federal escuchó los argumentos de las partes para decidir si emite una orden de restricción temporal que paralice de inmediato el desmonte de terrenos y la construcción de barreras mientras avanza un litigio formal promovido por el Centro para la Diversidad Biológica (Center for Biological Diversity), un colectivo religioso regional y propietarios privados de la zona.
La querella legal nombra como principal demandado al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), acusando a la agencia de recurrir a exenciones normativas extraordinarias para acelerar la apertura de caminos y la instalación de muros sin contar con la debida autorización del Congreso estadounidense. Aunque la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) había pausado temporalmente las maniobras dentro del parque nacional ante el fuerte rechazo bipartidista expresado por líderes comunitarios, ambientalistas y residentes, el proyecto gubernamental continúa formalmente en pie y sin cancelación definitiva.
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La controversia ha permeado el escenario político de Texas. Durante una reciente visita de campaña a El Paso, el gobernador Greg Abbott aseguró haber sostenido múltiples conversaciones directas con la cúpula del DHS y el secretario de Seguridad Nacional, afirmando que los funcionarios federales le indicaron que no levantarían muros o vallas convencionales en esa área ecológica, sino que implementarían esquemas alternativos de vigilancia tecnológica para resguardar la frontera sin impactar el entorno agreste.
De forma simultánea al proceso judicial, decenas de residentes de Big Bend, empresarios locales y activistas se congregaron a las afueras del tribunal federal para exigir el cese definitivo de cualquier alteración en el ecosistema del parque nacional. Tras concluir la exposición de motivos, el magistrado federal informó que emitirá una resolución por escrito en los próximos días o mantendrá la solicitud bajo análisis judicial antes de dictar medidas cautelares vinculantes.
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