Una magistrada del tribunal federal de distrito ordenó este miércoles 21 de octubre una suspensión cautelar sobre diversos operativos de campo del Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS) orientados a identificar a presuntos votantes no ciudadanos en nueve estados del país. La jueza de distrito Araceli Martínez-Olguín determinó en su fallo que el programa gubernamental infringe con alta probabilidad la Ley de Derecho al Voto (Voting Rights Act), al fundamentarse en registros plagados de errores que amenazan e intimidan tanto a ciudadanos plenamente facultados para sufragar como a voluntarios y organizaciones civiles que promueven la participación electoral comunitaria.
La resolución judicial prohíbe de forma expresa a los agentes federales desplegar interrogatorios presenciales y visitas domiciliarias vinculadas al proceso electoral en California, Connecticut, Georgia, Misuri, Nevada, Nueva York, Pensilvania, Washington y Wisconsin siempre que sepan, sospechen o razonablemente deban inferir que la persona investigada es ciudadana estadounidense. Asimismo, el mandato proscribe cualquier acción operativa en dichas demarcaciones que se apoye exclusivamente en los cruces masivos de bases de datos del DHS cuando el objetivo sea o pueda ser un ciudadano. En su fundamentación jurídica, la jueza catalogó las listas oficiales como «voluminosas y poco confiables», evidenciando que las directivas internas exigían a los agentes revisar cuotas de al menos 40 expedientes sospechosos concediéndoles un límite máximo de apenas 12 minutos para descartar o incriminar a cada persona mediante bases comerciales privadas. El propio departamento admitió en autos que la coincidencia de nombres similares, expedientes desactualizados de naturalización e información incompleta introducen márgenes sustanciales de error.
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La demanda colectiva fue impulsada por la Asociación de Enfermeras de California (California Nurses Association), National Nurses United, la Fundación Voto Latino y los gobiernos locales de la ciudad y condado de San Francisco y el condado de Santa Clara. Las entidades demandantes alegaron exitosamente que las tácticas de intimidación gubernamental estaban sembrando el temor entre sus integrantes, disuadiéndolos de participar en campañas de empadronamiento y asistencia cívica comunitaria. De forma paralela a esta causa, el Departamento de Justicia (DOJ) anunció la imputación penal de 28 residentes permanentes legales en California por delitos electorales y declaraciones falsas, solicitando paralelamente ante otra corte que se bloquee el escrutinio de unas 20,000 boletas enviadas por correo postal hasta corroborar fehacientemente la ciudadanía de los remitentes.
Aunque el dictamen no suspende la totalidad de las pesquisas federales sobre sufragio ilícito, establece salvaguardas infranqueables para proteger a la ciudadanía estadounidense contra la persecución infundada. La jueza Martínez-Olguín otorgó una pausa procesal de la medida cautelar hasta las 5:00 p. m. de este viernes con el propósito de permitir que el gobierno apele la determinación; de no mediar modificaciones en instancias superiores, la orden de protección permanecerá vigente durante toda la jornada de las elecciones intermedias del 3 de noviembre.
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