Una magistrada federal de distrito frenó temporalmente los operativos de campo del Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS) diseñados para identificar a presuntos votantes no ciudadanos en nueve estados de la Unión Americana. En su resolución del 21 de octubre, la jueza federal Araceli Martínez-Olguín dictaminó que la estrategia gubernamental incurre con alta probabilidad en violaciones a la Ley de Derecho al Voto (Voting Rights Act), al generar un entorno de intimidación sobre personas y agrupaciones civiles que orientan o promueven la participación ciudadana en los comicios.
La medida cautelar prohíbe de forma expresa a los agentes del DHS llevar a cabo entrevistas e indagatorias presenciales en California, Connecticut, Georgia, Misuri, Nevada, Nueva York, Pensilvania, Washington y Wisconsin cuando sepan, sospechen o exista base razonable para considerar que la persona intervenida es ciudadana estadounidense. Del mismo modo, la decisión veta cualquier operativo que se fundamente de manera exclusiva en los cruces de información generados por los sistemas de cotejo (voter-matching) del DHS si el objetivo es un ciudadano acreditado o con sospecha razonable de serlo. En los fundamentos del fallo, la jueza subrayó que las autoridades emplearon listas «voluminosas y poco confiables», donde a los funcionarios se les asignaban cuotas de al menos 40 expedientes sospechosos con un margen de apenas 12 minutos para descartar o mantener a cada individuo recurriendo a bases de datos comerciales. La propia dependencia federal admitió que la existencia de nombres homónimos, registros incompletos e información desactualizada de naturalización propician fallos sistemáticos de identificación.
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El litigio fue interpuesto de forma conjunta por la Asociación de Enfermeras de California (California Nurses Association), el sindicato National Nurses United, la Fundación Voto Latino y los gobiernos del condado y ciudad de San Francisco junto al condado de Santa Clara. Las organizaciones demandantes argumentaron que las visitas de agentes armados generaban temor entre sus miembros, entorpeciendo las labores de divulgación comunitaria e inscripción de votantes. En paralelo a esta resolución, el Departamento de Justicia (DOJ) anunció cargos penales contra 28 residentes permanentes legales en California por presuntas declaraciones falsas en trámites de naturalización y registros electorales irregulares, solicitando a su vez que se bloquee el conteo de aproximadamente 20,000 votos emitidos por correo en dicho estado hasta verificar la condición cívica de los remitentes.
El mandato judicial no anula todas las pesquisas federales sobre irregularidades electorales, sino que delimita estrictamente las operaciones en los nueve estados señalados para blindar a los ciudadanos contra indagatorias injustificadas. La jueza Martínez-Olguín suspendió provisionalmente los efectos de la orden hasta las 5:00 p. m. de este viernes para permitir que el Departamento de Justicia tramite una apelación; de mantenerse firme, la prohibición se extenderá durante toda la jornada de las elecciones intermedias del 3 de noviembre.
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