La Corte Suprema de los Estados Unidos emitió este martes un fallo de una sola oración en el que se niega a intervenir para proteger los procedimientos migratorios establecidos durante la administración Biden, manteniendo así las estrictas limitaciones sobre cuándo los jueces de inmigración pueden pausar un caso de deportación. La disputa legal se centra en una normativa federal, revivida en 2024, que otorgaba a los magistrados la autoridad y discreción para posponer los procesos de expulsión de aquellos inmigrantes que demostraran estar en vías de calificar para un estatus legal en el país, ya sea mediante el matrimonio con un ciudadano estadounidense o a través de visas humanitarias diseñadas para proteger a las víctimas de crímenes.
El bloqueo definitivo de esta medida fue impulsado por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, quien el pasado 22 de junio presentó una extensa demanda de 43 páginas ante el Distrito Norte de Texas en la ciudad de Wichita Falls. En su argumentación legal, Paxton sostuvo que la regla federal operaba efectivamente como una “amnistía indefinida para los extranjeros presentes ilegalmente en este país”. En un giro judicial inusualmente rápido para este tipo de litigios, que suelen tardar meses o incluso años en resolverse, el juez de distrito Reed O’Connor falló a favor de Texas el mismo día de la presentación. Esta extraordinaria celeridad se debió a que el Departamento de Justicia, operando ahora bajo las directrices de la administración Trump, presentó una respuesta oficial indicando su total acuerdo con la postura de la fiscalía texana.
También te puede interesar: La Asamblea Nacional abre el proceso de postulaciones para renovar a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela
La veloz anulación de la norma generó una contundente respuesta legal por parte de las ciudades de Baltimore, New Haven y Columbus, junto con el Centro Legal de la Raza, una organización sin fines de lucro con sede en Oakland, California. Estos demandantes argumentaron que la regla original había sido debidamente aprobada por el Congreso y advirtieron sobre las graves consecuencias de su eliminación para las comunidades. Señalaron que las víctimas indocumentadas de delitos podrían dejar de cooperar con las autoridades policiales locales por miedo a ser deportadas, incluso si califican para visas que les permitirían quedarse en el país durante el proceso penal. Además, las ciudades advirtieron que sufrirían pérdidas millonarias en su recaudación de impuestos si sus residentes son expulsados.
Tras la reciente negativa del máximo tribunal a intervenir, el complejo caso podría regresar a un tribunal inferior para determinar si las ciudades demandantes tienen el derecho legal a intervenir formalmente en el proceso, o bien, los representantes legales de las municipalidades podrían solicitar una audiencia directa ante la Corte Suprema para agotar las instancias judiciales.
Visita: http://austinlatinx.com
