El ciudadano venezolano Wilber Rafael Garces Perez, quien resultó gravemente herido de bala por un oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) el mes pasado en Austin, se ha declarado formalmente no culpable de los cargos de asalto, resistencia, impedimento y obstrucción a un oficial federal. A través de un documento judicial presentado este martes, Garces Perez renunció a su derecho de comparecer en la audiencia de lectura de cargos que estaba programada para el jueves. De ser hallado culpable en un eventual juicio, el Department of Justice ha advertido que el acusado podría enfrentar una severa condena de hasta 20 años en una prisión federal.
El caso ha atraído un intenso escrutinio público debido a las opacas circunstancias del tiroteo y al complejo estatus migratorio del acusado. Según Kate Lincoln-Goldfinch, su abogada de inmigración, Garces Perez ingresó legalmente a Estados Unidos bajo la administración Biden a través de la aplicación CBP One y solicitó asilo de manera formal. Sin embargo, un juez emitió una orden de deportación en su contra tras no presentarse a una audiencia en la corte, un fallo que, según la defensa, se debió a que la notificación oficial fue enviada por error a una dirección equivocada. El hombre, cuyo permiso de trabajo expiró en diciembre de 2025, se encontraba realizando una entrega de comida a bordo de su vehículo el pasado 20 de septiembre cuando fue interceptado abruptamente por las autoridades.
Los perturbadores detalles que rodearon el violento encuentro salieron a la luz durante una audiencia celebrada el 30 de septiembre ante el magistrado federal Dustin M. Howell. El agente especial del Department of Homeland Security (DHS), Rick Bazan, testificó como único testigo y reveló preocupantes fallas en los protocolos de grabación de la agencia. Bazan confirmó que el agente identificado únicamente con las iniciales D.F. llevaba una cámara corporal que capturó el inicio de la parada de tráfico, pero admitió que el dispositivo fue apagado inexplicablemente durante el desarrollo del incidente. Aún más alarmante resultó la confirmación de que el oficial que disparó su arma, identificado como L.G. y quien operaba vistiendo un pasamontañas táctico, no portaba cámara corporal alguna. Durante el contrainterrogatorio liderado por el defensor público Shane McMahon, Bazan admitió no haber entrevistado al tirador —citando una investigación paralela en curso— y confesó no haber cuestionado a D.F. sobre los motivos para apagar su equipo de grabación.
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Las limitadas imágenes presentadas por los fiscales federales en la corte mostraron el tenso momento en que L.G. se identificó como oficial de inmigración y le ordenó a Garces Perez salir de su Toyota Corolla. El conductor respondió visiblemente alterado que deseaba estacionar el auto en otro lugar y llamar a un conocido para que recogiera el vehículo antes de acelerar repentinamente para huir de la escena. Aunque Bazan testificó que el espejo lateral del auto rozó al oficial L.G. durante la huida, el investigador tuvo que admitir bajo juramento que el video y las imágenes estáticas presentadas no muestran de manera clara el presunto impacto físico. Además, la grabación evidenció que el agente D.F. rompió las prácticas policiales estandarizadas al llamar a un patrullero estatal desde su teléfono celular personal para pedir refuerzos, en lugar de utilizar los canales oficiales de radio del centro de despacho.
Al concluir la audiencia preliminar, el juez dictaminó que Garces Perez representa un alto riesgo de fuga y ordenó que permanezca bajo custodia federal ininterrumpida. Este agresivo proceso penal ha dejado en suspenso la petición del acusado para ser liberado y protegido temporalmente contra la deportación, ya que su defensa busca aplicar a una visa U, un estatus migratorio especialmente diseñado para proteger a víctimas y testigos de crímenes violentos. En un giro institucional inusual que subraya la complejidad del caso, la oficina del District Attorney del condado de Travis ha solicitado formalmente a las autoridades federales que frenen cualquier intento de deportación, catalogando a Garces Perez como un testigo material absolutamente indispensable en una investigación criminal local que se encuentra actualmente en curso.
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