Apenas 48 horas después de que el Partido Republicano perdiera el control del Congreso en las elecciones legislativas, la jefa de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, Harmeet Dhillon, formalizó su renuncia al cargo que ocupó durante los últimos 19 meses. En declaraciones a Fox News, la funcionaria se apresuró a desvincular su salida de los recientes reveses electorales de la administración, asegurando que la decisión fue estrictamente personal y que la había tomado al menos tres semanas antes de los comicios. Según relató, tras comunicarle a la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, que sentía haber “logrado todo” lo que se propuso en Washington y que deseaba regresar a la práctica privada del derecho, Wiles le solicitó postergar el anuncio público hasta después del martes electoral. “No me pidieron que renunciara. Renuncié hace tres semanas. Es mi decisión, mi elección. Ya es hora”, aseveró Dhillon.
El fiscal general de la nación, Todd Blanche, aceptó la dimisión y utilizó sus redes sociales para agradecer el servicio de Dhillon, destacando que durante su mandato defendió “las libertades civiles de todos los estadounidenses y ha aplicado la ley sin temor ni favoritismos”. Por su parte, la ahora exfuncionaria se despidió a través de la plataforma X: “Servir a mi país como Fiscal General Adjunta para Derechos Civiles ha sido el honor de toda una vida. Quiero agradecer al presidente Trump por darme esta oportunidad”. Designada por Donald Trump en diciembre de 2024 y confirmada por el Senado en abril de 2025, Dhillon ejecutó una profunda reorientación ideológica de la división. Según The New York Times, bajo su liderazgo, la oficina dejó de lado investigaciones tradicionales para priorizar asuntos vinculados al escrutinio de políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), denuncias de discriminación religiosa, la restricción de la participación de atletas transgénero en deportes femeninos y la defensa de la Segunda Enmienda.
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No obstante, su gestión atrajo mayor atención —y críticas— por su agresiva intervención en temas de integridad electoral de cara a las recientes elecciones. Dhillon encabezó una ofensiva legal sin precedentes contra 30 estados y el Distrito de Columbia para exigir el acceso a sus listas de registro de votantes, respaldando la narrativa de la administración sobre la posible participación de no ciudadanos. La estrategia resultó en un estrepitoso fracaso judicial, ya que jueces federales desestimaron 27 de esos casos. Además, la división apoyó demandas de alto perfil que buscaban congelar 20.000 papeletas en California e impedir preventivamente la certificación de la elección al Senado en Alaska. Estas posturas provocaron un éxodo interno, con cientos de funcionarios de carrera abandonando la unidad, vacantes que Dhillon llenó contratando a más de 130 nuevos letrados. “La cambiamos, que era lo que vinimos a hacer. Y está hecho”, resumió sobre su paso por la oficina.
Fuentes internas del Departamento de Justicia indicaron que la salida de Dhillon no tomó por sorpresa a la cúpula, pues existían fricciones acumuladas. The New York Times reportó que la alta dirección cuestionaba su escasa participación en las reuniones estratégicas del fiscal general Blanche, mientras que el abrumador fracaso de las demandas electorales contra los estados había generado profunda molestia. Adicionalmente, sus recientes declaraciones en el programa de CBS 60 Minutes —donde restó importancia al impacto estadístico del voto de inmigrantes indocumentados— habrían causado un fuerte descontento en el presidente Trump y su círculo más cercano, precipitando un final tenso para una de las figuras más polarizadoras del Departamento de Justicia.
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