Justin Anthony Banta, de 38 años y técnico en informática para el Department of Justice, enfrenta cargos de intento de asesinato capital y manipulación de pruebas tras ser acusado de administrar un fármaco abortivo en el café de su expareja, provocando la pérdida de su embarazo.
Los hechos, según la Parker County Sheriff’s Office, ocurrieron el 17 de octubre de 2024 en una cafetería del Tarrant County. La víctima, de cuyo nombre no se ha dado detalles, se reunió con Banta —su expareja desde septiembre de ese año, cuando ella descubrió que estaba embarazada— para tomar juntos un café.
“La víctima informó a Banta de su deseo de quedarse con el bebé”, indicó el comunicado oficial. Pese a ello, él le entregó una bebida comprada con antelación que la mujer consumió por completo, como lo confirman las imágenes de seguridad revisadas por los investigadores.
Al día siguiente, la joven presentó fatiga extrema y fuertes hemorragias. Fue ingresada en urgencias, donde el 19 de octubre perdió al feto, del que se constató un latido y signos vitales estables apenas un día antes. La víctima atribuyó la pérdida a la sustancia introducida en su café, presuntamente un fármaco conocido como “Plan C”.
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Durante la indagación, las autoridades confiscaron el teléfono de Banta y descubrieron que, aprovechando sus conocimientos técnicos, realizó un “restablecimiento” remoto para borrar datos clave relacionados con el caso. “Los investigadores del sheriff creen que Banta realizó un ‘reinicio’, borrando así pruebas cruciales”, señaló la oficina del sheriff.
El 6 de junio de 2025 se emitió orden de arresto contra Banta, quien enfrentó los cargos de intento de asesinato capital por inducir un aborto sin consentimiento y manipulación de pruebas. Se le impusieron dos fianzas: 500 000 dólares por el cargo de intento de asesinato y 20 000 dólares por alterar evidencias. Tras pagar ambas, fue liberado ese mismo día bajo supervisión judicial en la Travis County Jail.
Texas mantiene desde 2021 una normativa que prohíbe la interrupción del embarazo tras detectar latidos fetales, alrededor de la sexta semana de gestación. Sólo se permiten excepciones médicas muy específicas. Expertos legales advierten que este caso agrava los riesgos para las mujeres en un entorno legislativo cada vez más restrictivo.
Las autoridades locales continúan recabando testimonios y pruebas para las próximas audiencias. El desarrollo del proceso judicial y las posibles sanciones dependerán de la presentación de nueva evidencia pericial y del testimonio de la víctima.
El caso ha provocado debate sobre la seguridad de las mujeres embarazadas y el acceso a medicamentos abortivos fuera de entornos médicos regulados. Además, pone en relieve los peligros de que terceros utilicen sustancias controladas sin el consentimiento de las pacientes.
En las semanas venideras, el tribunal de Parker County programará las vistas preliminares para determinar si existen suficientes pruebas para llevar a juicio a Banta, quien permanece bajo supervisión electrónica hasta resolverse su situación legal.
