Los texanos se dirigen a las urnas este martes en una elección de año impar que, aunque se espera que atraiga solo una fracción de la participación de una elección presidencial, tiene importantes asuntos en la boleta.
Los votantes decidirán sobre 17 propuestas de enmiendas constitucionales que afectan los impuestos, el agua y la justicia penal. También se llenarán vacantes críticas en el Congreso de Estados Unidos y el Senado de Texas, además de numerosas oficinas locales y medidas de bonos.
Aunque la participación el día de las elecciones suele ser baja en estos años, más de un millón de texanos ya emitieron su voto durante el período de votación anticipada de 12 días que terminó la semana pasada.
Un análisis de The Texas Tribune destaca varias historias clave a seguir.
En Houston, los residentes finalmente votan para llenar el escaño del 18th Congressional District, que quedó vacante tras la muerte del representante Sylvester Turner en marzo. Con 16 candidatos en la contienda, es casi seguro que ningún candidato alcanzará el 50% necesario para ganar directamente. Esto llevaría a una segunda vuelta (runoff) a principios del próximo año. En el distrito, que es fuertemente demócrata, los líderes en las encuestas son Christian Menefee y Amanda Edwards.
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En North Texas, dos republicanos y un demócrata compiten por el escaño del Senate District 9, un distrito sólidamente republicano que cubre parte de Fort Worth. El escaño quedó vacante cuando Kelly Hancock renunció en junio. La verdadera contienda es entre los dos candidatos republicanos: la activista conservadora Leigh Wambsganss, quien cuenta con el respaldo de Donald Trump, y el exalcalde de Southlake, John Huffman, quien ha recibido millones de dólares en contribuciones de la magnate de los casinos Miriam Adelson.
Los votantes de Texas también decidirán sobre 17 enmiendas a la constitución estatal. Las más destacadas incluyen la Proposición 13, que aumentaría la exención de impuestos escolares sobre la vivienda a $140,000, lo que ahorraría al propietario promedio unos $490 al año. La Proposición 4 autorizaría $20 mil millones para proyectos de infraestructura de agua. Y la Proposición 12 cambiaría la estructura de la State Commission on Judicial Conduct, el organismo que investiga la mala conducta de los jueces, dándole al Gobernador Abbott el control mayoritario de los nombramientos.
Este artículo apareció primero en The Texas Tribune.
