El gobierno federal, a través de un grupo interinstitucional conformado por diversas secretarías y organismos ambientales, informó sobre el despliegue de más de tres mil elementos para atender un derrame de hidrocarburos en el Golfo de México. Esta contingencia, detectada desde principios de marzo, ha extendido sus afectaciones hacia las costas de Tabasco, Veracruz y Tamaulipas. Las autoridades realizan labores intensivas de saneamiento e investigación para contener el impacto ecológico y social, reportando la recolección de setecientas ochenta y cinco toneladas de material contaminante en playas y más de cuarenta toneladas en mar abierto hasta la fecha actual.
El operativo cuenta con un importante soporte tecnológico que incluye cuarenta y siete embarcaciones, cuarenta y ocho vehículos, siete aeronaves y drones submarinos destinados a la inspección de la infraestructura petrolera. Hasta el momento, se han atendido treinta y nueve playas y diversas zonas de manglares, cubriendo una extensión total de seiscientos treinta kilómetros de litoral limpiados. De acuerdo con los reportes oficiales, la mayoría del personal desplegado pertenece a la secretaría de marina y a la empresa petrolera estatal, quienes trabajan en conjunto con organizaciones pesqueras locales para mitigar los daños en las áreas someras y zonas costeras afectadas.
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Las condiciones meteorológicas propias de la temporada invernal, caracterizadas por fuertes vientos y oleaje elevado, han dificultado las tareas de contención al desplazar el material oleoso hacia la tierra. Petróleos Mexicanos identificó además la reactivación de emanaciones naturales de crudo frente a Coatzacoalcos, lo que ha agravado la situación en la región. Como medida de apoyo social, se han destinado treinta y cinco millones de pesos para ayudar a las comunidades de pescadores afectadas, además de proporcionar servicios médicos y contrataciones temporales para los habitantes que participan en las tareas de limpieza manual de los litorales.
En el ámbito legal, la agencia de seguridad, energía y ambiente presentó una denuncia penal ante la fiscalía general de la república por la probable comisión de delitos ambientales. Las investigaciones técnicas continúan para determinar el origen exacto del derrame, analizando tanto las plataformas del complejo Cantarell como la actividad de trece buques mercantes que se encontraban en la zona. Según el código penal federal, las sanciones por el manejo ilícito de sustancias peligrosas que causen daño al entorno natural pueden alcanzar hasta los nueve años de prisión y multas equivalentes a tres mil días de salario, además de la reparación integral del daño.
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