El Consejo de Negocios de Cáñamo de Texas y diversas asociaciones agrarias solicitaron este martes una orden de restricción temporal contra el Departamento de Servicios de Salud del Estado (DSHS). Los demandantes sostienen que las autoridades estatales se han extralimitado al redefinir las leyes establecidas en 2019, las cuales legalizaron el cáñamo siempre que su concentración de Delta-9 THC fuera inferior al 0.3%.
La controversia principal se centra en el THCA, un compuesto que se vuelve embriagante al ser fumado y que había permitido la existencia de un mercado recreativo legal mediante un vacío normativo. Bajo las nuevas reglas que entraron en vigor el 31 de marzo, el estado ahora mide el “THC total”, lo que prohíbe de facto las flores y cigarrillos pre-enrollados que eran los productos más vendidos del sector en este año dos mil veintiséis.
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Además de las restricciones de producto, la demanda denuncia un incremento masivo en los costos de operación que amenaza con asfixiar a los pequeños comerciantes. Las tarifas de licencia para fabricantes aumentaron drásticamente de 258 a 10,000 dólares, mientras que los registros minoristas subieron de 155 a 5,000 dólares, una medida que los empresarios consideran un intento administrativo de eliminar la producción local sin el consentimiento de la Legislatura.
A pesar de la batalla legal, la coalición del cáñamo aclaró que apoya las medidas de seguridad para el consumidor, como el empaquetado resistente a niños y la edad mínima de compra de 21 años. Su lucha se enfoca exclusivamente en evitar que las agencias reguladoras sustituyan el poder legislativo con juicios de política propios, buscando proteger una industria que genera miles de empleos en todo el estado de Texas.
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