En este abril de 2026, tras casi un año de encierro y torturas a manos de la DGCIM, Diego José Mejías González relata a Infobae la pesadilla que vivió junto a su hijo de 23 años bajo el denominado “Caso Cadetes”. Ambos fueron secuestrados en febrero de 2025 por agentes del DAE en Maracay, trasladados a casas de seguridad (centros de tortura) en Chuao y finalmente recluidos en el Rodeo I, descrito por las víctimas como un “campo de concentración” de máxima seguridad.
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La detención de los Mejías se produjo a raíz de investigaciones contra un grupo de estudiantes de la Academia Militar que, en chats de Telegram y videojuegos, compartían escenarios imaginarios sobre cambios de gobierno. Diego Mejías Sierra se había distanciado del grupo meses antes de su captura, pero fue vinculado al caso por la DGCIM. Durante el interrogatorio, el joven fue torturado y obligado a grabar videos incriminatorios bajo la amenaza de que su padre sería mutilado frente a él.
Las condiciones en el Rodeo I, según el testimonio, son deplorables y violan sistemáticamente los derechos humanos:
- Celdas de castigo: Espacios de 3,80 x 1,80 metros sin luz eléctrica, donde la letrina sirve también como único punto de agua para bañarse y lavar utensilios.
- Tortura psicológica y física: Difusión obligatoria de propaganda política y programas de Diosdado Cabello a alto volumen, castigos con descargas eléctricas, gas lacrimógeno y golpes con bastones.
- Crisis sanitaria: Brotes de tuberculosis, dengue hemorrágico y escasa atención médica proporcionada por custodios encapuchados que aplican inyecciones desconocidas sin registro médico.
Tras los eventos de la “Operación Resolución Absoluta” y la salida de la cúpula chavista de territorio venezolano en enero de 2026, la tensión en el penal escaló a niveles críticos, con custodios amenazando con ejecutar a los presos como “rehenes políticos”. Aunque el padre fue excarcelado el 27 de enero bajo un estricto régimen de presentación y amenazas de muerte si hablaba, su hijo Diego sigue preso. La familia denuncia que se le ha negado la amnistía otorgada a otros cadetes, manteniendo al joven de 23 años como uno de los últimos rostros del ensañamiento judicial en una Venezuela que aún lucha por su transición.
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