Una mujer residente de California admitió ante la justicia federal haber implementado un esquema ilícito en el que pagaba en efectivo a personas en situación de calle para que se registraran en el padrón electoral y firmaran peticiones de carácter político. La acusada, identificada como Brenda Lee Brown Armstrong, de 64 años, formalizó un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía tras confirmarse que utilizó su posición como recolectora de firmas remunerada para explotar la vulnerabilidad de la población vulnerable en el sector conocido como Skid Row, en la ciudad de Los Ángeles.
Según los expedientes judiciales citados por la prensa estadounidense, Armstrong operaba de forma estratégica llevando consigo formatos oficiales de inscripción para votantes. La mujer ofrecía compensaciones económicas de entre 2 y 3 dólares a cambio de que las personas completaran los documentos de registro y plasmaran su rúbrica en las iniciativas de ley y consultas ciudadanas que ella promovía. Las investigaciones estatales y federales revelaron que la imputada llevaba cerca de dos décadas desempeñándose de manera profesional dentro de este sector de consultoría política.
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El modus operandi de Armstrong incluía una manipulación del sistema electoral postal de California. Los fiscales del Departamento de Justicia señalaron que la mujer instruía con frecuencia a los ciudadanos sin un domicilio fijo a registrarse utilizando una dirección antigua que le pertenecía. Debido a que los comicios en este estado de la Unión Americana se efectúan de forma prioritaria a través del servicio de correo tradicional, esta maniobra provocó que múltiples boletas de votación oficiales y material electoral confidencial fueran enviados en masa a la vivienda controlada por la acusada.
La resolución del caso implica que Armstrong se declarará culpable de un cargo por el delito federal grave de pagar a personas para registrarse para votar. Harmeet K. Dhillon, fiscal general adjunta de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, condenó enérgicamente las acciones de la implicada y enfatizó que los registros falsificados quebrantan severamente la confianza que la ciudadanía deposita en los procesos democráticos de la nación. Aunque el peso total del fraude sigue bajo análisis, las autoridades recordaron que los coordinadores de campañas solo pagan a los recolectores por registros validados por el estado, lo que incentivó económicamente este acto de corrupción electoral.
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