El panorama legal para los exfuncionarios del gobierno de Sinaloa se complica en los tribunales estadounidenses. La Corte del Distrito Sur de Nueva York fijó para el próximo 1 de junio la siguiente audiencia intermedia en el caso de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de la entidad durante la gestión del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya. Los registros judiciales revelaron que el exmando policial no contará con un defensor privado, sino que será representado legalmente por la prestigiada abogada neoyorquina y exfiscal federal Sarah Krissoff, quien posee una amplia experiencia dentro del mismo circuito judicial donde se desahoga el proceso.
De acuerdo con reportes provenientes del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Mérida Sánchez ha iniciado un proceso formal para ser aceptado formalmente bajo la condición de testigo cooperante. Fuentes institucionales señalaron que el exfuncionario de seguridad podría recibir los beneficios del programa federal de protección de testigos en caso de que las agencias norteamericanas logren comprobar que su integridad física o su vida corren un peligro inminente tras sus declaraciones. Esta entrega voluntaria y posterior colaboración ocurre en un escenario de profunda desconfianza hacia los sistemas de procuración de justicia en territorio mexicano.
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El pliego de cargos de la Fiscalía Federal detalla una conspiración delictiva de alto nivel en la que presuntamente participan al menos otros nueve funcionarios y excolaboradores del gabinete de Rocha Moya. La acusación formal sostiene que el grupo de servidores públicos y mandos de las fuerzas del orden sinaloenses pactó una alianza con facciones del Cártel de Sinaloa para facilitar la producción y el tráfico masivo de cargamentos de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetaminas hacia los estados de la Unión Americana, comprometiendo la seguridad binacional a cambio de dividendos económicos.
La investigación detalla que, entre los años 2023 y 2024, Mérida Sánchez presuntamente recibió pagos mensuales en efectivo que superaban los USD 100.000, los cuales eran financiados directamente por la célula delictiva conocida como “Los Chapitos”. A cambio de estas sumas de dinero, el entonces secretario utilizaba su posición de poder para filtrar información clasificada y dar avisos anticipados sobre al menos 10 operativos y redadas conjuntas programadas por el Ejército Mexicano y la Armada en narcolaboratorios. Estas alertas permitían a las células delictivas evacuar los precursores químicos, resguardar las drogas y poner a salvo al personal antes de la llegada de las fuerzas militares, garantizando la continuidad de sus operaciones ilícitas.
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