En un golpe directo a la estructura financiera de la dictadura de la isla, el gobierno de los Estados Unidos detuvo en el estado de Florida a Adys Lastres Morera. La detenida es hermana del presidente ejecutivo del Grupo de Administración de Empresarias (GAESA), el colosal y opaco conglomerado controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) que maneja sectores estratégicos como el turismo, puertos y finanzas en Cuba. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, confirmó el arresto de la mujer este jueves 21 de mayo de 2026, detallando que se encontraba bajo investigación por administrar bienes inmobiliarios de lujo en territorio norteamericano mientras operaba en favor del aparato estatal cubano.
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De acuerdo con el informe oficial emitido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Lastres Morera perdió su estatus de residente permanente antes de ser puesta bajo la custodia estricta del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). John Condon, director ejecutivo asociado interino de Homeland Security Investigations (HSI), detalló que la permanencia de la ciudadana cubana en el país representaba un riesgo grave para la política exterior y la seguridad nacional, debido a sus vínculos de consanguinidad directa con la cúpula corrupta que desvía recursos y centraliza el capital financiero del régimen castrista. El anuncio coincide con la política de máxima presión de la administración de Donald Trump hacia La Habana, impulsada tras la reciente acusación formal por homicidio contra el exdictador Raúl Castro.
“No habrá ningún lugar en este planeta, y mucho menos en nuestro país, donde ciudadanos extranjeros que amenacen nuestra seguridad nacional puedan vivir con lujos”, sentenció el secretario de Estado, Marco Rubio, a través de sus canales oficiales.
En una línea de acción paralela, Rubio aprovechó el anuncio del operativo para abordar el destino de un fondo de asistencia humanitaria por USD 100 millones que Washington mantiene congelado para mitigar la crisis en la isla caribeña. El jefe de la diplomacia aclaró que, aunque el palacio de La Habana afirmó haber aceptado las donaciones, la Casa Blanca prohibirá de forma tajante que los insumos y víveres sean gestionados por GAESA o corporaciones militares conexas, las cuales suelen acaparar y comercializar la ayuda internacional en detrimento de la población civil. Las agencias federales ya coordinan con organizaciones no gubernamentales independientes y dependencias de la Iglesia católica para garantizar la entrega directa de los insumos a los ciudadanos.
