La ambiciosa estrategia del presidente Donald Trump para reestructurar las leyes electorales federales enfrenta obstáculos críticos tanto en el Congreso como en el poder judicial. El proyecto de ley conocido como la Ley SAVE America (SAVE America Act), una de las propuestas insignias de la Casa Blanca en materia de seguridad electoral, ya cuenta con el visto bueno de la Cámara de Representantes, pero su avance se ha detenido por completo en el Senado. La legislación pretende obligar a los ciudadanos a presentar una identificación con fotografía y una prueba documental de ciudadanía estadounidense al momento de inscribirse en el padrón para comicios federales.
La parálisis en la Cámara Alta responde a que la bancada republicana carece de los 60 votos necesarios para romper el filibusterismo (filibuster) del bloque demócrata. Pese a las presiones de legisladores de la línea dura, como el representante de Texas Chip Roy, los senadores republicanos moderados han mostrado nulo interés en modificar las reglas internas del Senado para forzar una aprobación por mayoría simple. El propio Trump acudió el miércoles al Capitolio a un almuerzo a puerta cerrada con legisladores de su partido para intentar destrabar el conflicto, una reunión que el senador John Cornyn describió como “tensa” y que concluyó sin acuerdos antes del receso legislativo por el Cuatro de Julio.
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Este estancamiento político coincide con un duro revés en los tribunales, luego de que una jueza federal bloqueara de forma permanente los puntos centrales de la orden ejecutiva con la que Trump pretendía imponer unilateralmente el requisito de ciudadanía. La judicatura determinó que el mandatario carece de las facultades constitucionales para alterar los requisitos de registro sin la autorización previa del Congreso. En paralelo, una audiencia en el Senado desató controversia tras la comparecencia del director general del Servicio Postal (USPS), David Steiner, quien admitió que, bajo una regla propuesta por la Casa Blanca, el correo podría negarse a transportar las boletas de voto postal de aquellos estados que no entreguen ciertos datos de sus votantes al gobierno federal, una medida que el senador demócrata Gary Peters calificó como una “autoridad sin precedentes” sobre las elecciones.
El futuro de las normativas de votación ahora pende de un hilo en la máxima instancia judicial del país. La Corte Suprema de los Estados Unidos tiene previsto emitir un fallo decisivo la próxima semana sobre si los estados de la Unión pueden continuar contabilizando aquellos votos por correo que se reciban después de la jornada electoral, siempre y cuando posean un matasellos dentro del límite legal. Esta resolución judicial, sumada a la pugna legislativa en Washington, definirá el terreno de juego definitivo y las reglas de participación ciudadana para los procesos electorales del próximo año.
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