La viabilidad financiera del proyecto del Tren Ligero de Austin ha vuelto a ser objeto de debate público a solo dos días de que la junta directiva de la Austin Transit Partnership (ATP) se reúna este miércoles para votar un millonario contrato de adquisición. La propuesta bajo consideración contempla el pago inicial de $39 millones de dólares a la firma Stadler US Inc. para los servicios de diseño, fabricación, pruebas y entrega de los vehículos de la red ferroviaria, un monto que analistas externos consideran desproporcionado.
Eric Goldwyn, director del Programa de Tránsito y Uso de la Tierra en el Instituto Marron de la Universidad de Nueva York (NYU), expresó serias dudas sobre la eficiencia del gasto de este contrato. Goldwyn cuestionó en primera instancia por qué la ATP requiere pagar una fase de diseño adicional a Stadler US cuando el megaproyecto ya cuenta con la firma de ingeniería Parsons como su diseñadora principal. Asimismo, advirtió que este acuerdo inicial abre la puerta a una adjudicación total de $352.8 millones de dólares para la entrega de 21 vagones, lo que promedia unos $17 millones de dólares por tren.
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“Ese podría ser el pedido de vagones de tren ligero más caro que haya visto en mi vida”, advirtió Goldwyn, comparando la transacción con un proyecto ferroviario aprobado recientemente en Utah, donde el mismo fabricante (Stadler US) acordó proveer 20 vehículos similares por un total de $129 millones de dólares, es decir, poco más de $6 millones de dólares por unidad. El especialista instó a los miembros de la junta y a los ciudadanos de Austin a exigir una aclaración detallada sobre las especificaciones técnicas que justifiquen una diferencia tarifaria tan abismal.
El debate surge en un momento delicado para el proyecto del Tren Ligero de Austin, cuyo presupuesto global se ha disparado hasta superar los $8,000 millones de dólares, un incremento notable en comparación con las estimaciones del año pasado que situaban el costo entre los $6,800 y $7,100 millones. Aunque algunos residentes de la ciudad apoyan la inversión bajo el argumento de que la infraestructura es necesaria para mitigar el acelerado crecimiento demográfico, la falta de portavoces disponibles para responder preguntas antes de la sesión del miércoles mantiene en vilo a los sectores que exigen mayor transparencia fiscal.
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