Defensores internacionales de los derechos humanos y la libertad de culto han solicitado al presidente estadounidense que coloque la situación de las comunidades de fe en la agenda de sus conversaciones con el mandatario chino durante su visita oficial a la capital del país. Aunque los encuentros bilaterales previstos en la Casa Blanca tienen como eje prioritario temas comerciales y el desarrollo de tecnologías avanzadas, los promotores civiles insisten en que es fundamental abordar el trato gubernamental hacia los grupos religiosos.
La petición surge tras los resultados obtenidos en reuniones bilaterales previas sostenidas a comienzos del año en territorio chino, donde gestiones directas facilitaron la posterior liberación del pastor Ezra Jin Mingri, líder de una congregación cristiana no registrada. Aquel antecedente ha renovado las expectativas de activistas que buscan mediaciones similares para otros líderes eclesiásticos encarcelados bajo acusaciones administrativas o cargos vinculados a presuntas prácticas comerciales ilícitas.
Representantes de organizaciones enfocadas en la protección de comunidades religiosas perseguidas señalaron que las medidas restrictivas aplicadas por las autoridades de Beijing obedecen a un esquema integral de control social. Este sistema afecta a practicantes de distintas confesiones, incluyendo comunidades cristianas, musulmanas, budistas y del movimiento Falun Gong, quienes afrontan limitaciones para realizar reuniones, acceder legalmente a textos sagrados o difundir materiales por medios digitales.
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Especialistas vinculados a cumbres globales de libertad religiosa advirtieron sobre el despliegue de tecnologías de monitoreo y vigilancia a gran escala implementadas en las ciudades y regiones rurales del país asiático. Los informes técnicos indican la existencia de cientos de millones de dispositivos de videovigilancia instalados en áreas urbanas y en las proximidades de recintos de oración, además del uso de herramientas analíticas para elaborar expedientes de seguimiento hacia líderes comunitarios y defensores civiles dentro y fuera del territorio nacional.
Entre las situaciones prioritarias señaladas por las organizaciones civiles figura el caso del pastor John Cao, quien tras cumplir una sentencia carcelaria de siete años en territorio chino continúa sin autorización para salir del país y reunirse con sus familiares en Estados Unidos, situación agravada por un diagnóstico médico de cáncer avanzado. Los activistas recalcaron que tales restricciones ameritan una resolución inmediata por consideraciones humanitarias durante el diálogo entre ambos gobiernos.
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