La administración del presidente Donald Trump presentó este lunes una solicitud formal de emergencia ante la Corte Suprema de los Estados Unidos con el propósito de levantar el bloqueo judicial emitido por una corte de apelaciones contra la política del Buró Federal de Prisiones (BOP), normativa que restringe severamente el acceso de la población reclusa transgénero a terapias hormonales y cirugías de afirmación de género. La directiva federal exige someter a un esquema de reducción gradual a los internos que actualmente reciben tratamientos de reemplazo hormonal, obligando además a suspender cualquier acomodación o adaptación social en los recintos penitenciarios, tales como el suministro de dispositivos de depilación personal.
La controversia escaló al máximo tribunal tras un fallo de dos votos contra uno emitido por la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia, instancia que se negó a retirar la suspensión cautelar impuesta previamente por el juez federal de distrito Royce Lamberth. El tribunal revisor determinó que la disposición del BOP es probablemente ilegal, señalando que la autoridad penitenciaria omitió evaluar sus propios antecedentes de operación y no demostró con hechos concretos que los tratamientos médicos comprometieran la seguridad de los penales, una conclusión que la Casa Blanca catalogó como infundada y superficial en su recurso de apelación.
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En el escrito presentado ante el alto tribunal, el procurador general D. John Sauer argumentó que la anulación judicial de las atribuciones estatutarias del gobierno federal causa un daño irreparable tanto al Estado como a la sociedad civil, insistiendo en que la regulación responde a criterios indispensables de disciplina y control interno penitenciario. Sauer respaldó la postura oficial citando precedentes judiciales recientes de la propia Corte Suprema que facultan a las autoridades electas para legislar en materia de disforia de género, incluidos los fallos que avalaron la exclusión de personas trans de equipos deportivos femeninos y la limitación de tratamientos en menores de edad.
El expediente quedará en primera instancia bajo la revisión directa del presidente de la Corte Suprema, John Roberts, quien por mandato administra los asuntos de trámite urgente procedentes de la jurisdicción de Washington D. C., contando con la facultad de resolver la medida cautelar de forma individual o someterla al pleno de los nueve magistrados para su votación. La batalla jurídica tiene su origen en una orden ejecutiva firmada por Trump desde su primer día de regreso a la Casa Blanca para prohibir el uso de fondos públicos en intervenciones estéticas o de género, frente a la cual colectivos de internos promovieron una demanda colectiva que denuncia violaciones a sus derechos constitucionales básicos de atención a la salud.
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