Lo que fue celebrado como un hito ambiental sin precedentes en los Estados Unidos hoy se enfrenta a un complejo laberinto burocrático que amenaza con diluir su impacto real. En California, la Plastic Pollution Prevention and Packaging Producer Responsibility Act, mejor conocida como Senate Bill 54 (SB 54) y promulgada por el gobernador Gavin Newsom en 2022, estableció el ambicioso objetivo de obligar a la industria a reducir en un 25% la venta de plásticos descartables para el año 2032. Sin embargo, la efectividad de esta ley depende de un factor matemático crucial: la cifra inicial o “línea de base” a partir de la cual se calculan los recortes. Esta semana, la definición de ese número desató una fuerte controversia tras revelarse que la meta original será drásticamente menor a lo esperado.
El lunes, el organismo ambiental estatal CalRecycle determinó fijar esa cifra de partida en 1,03 millones de toneladas, un número calculado y propuesto por la propia industria que regula. La magnitud del ajuste es profunda: en 2024, el estado había estimado que el volumen de plástico descartable vendido durante 2023 ascendía a 2,9 millones de toneladas. La industria, a través de la Circular Action Alliance (CAA) —la organización que representa al sector bajo esta ley—, presentó inicialmente un estimado de 1,29 millones en junio y luego lo revisó a la baja hasta llegar a los 1,03 millones de toneladas que finalmente adoptó el estado. En términos prácticos, esto significa que el recorte exigido para 2032 será de 250.000 toneladas en lugar de las 725.000 estimadas. A nivel ciudadano, cada californiano usará unos 6 kilos (13 libras) menos de plástico al año para 2032, muy por debajo de los 17 kilos (37 libras) que prometía el espíritu original de la ley. Además, para el primer plazo obligatorio del 1 de enero, que exige un recorte del 10%, la industria solo deberá eliminar 100.000 toneladas del mercado, en contraste con las 290.000 toneladas calculadas por el estado.
La polémica se agrava al analizar cómo se obtuvieron estos números. La SB 54 otorga a la industria un enorme poder dentro del sistema, delegando en la CAA la redacción del plan sectorial y la centralización de los datos. Zoe Heller, directora de CalRecycle, defendió la adopción de la cifra argumentando que refleja “la mejor información disponible”, aunque admitió abiertamente que los datos provienen de apenas la mitad de las empresas productoras y reconoció que muchos de los informes entregados carecían de precisión. A esta falta de datos se suma un tecnicismo legal: las empresas con ingresos menores a un millón de dólares anuales están obligadas a registrarse, pero sus volúmenes quedan totalmente excluidos del cálculo de la línea de base, dejando una porción significativa del mercado fuera de las metas de reducción.
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La comunidad científica ha alzado la voz ante lo que consideran un proceso opaco y lleno de inconsistencias matemáticas. Douglas McCauley, profesor de la Universidad de California en Santa Bárbara (UCSB) y director del Benioff Ocean Science Laboratory, cuestionó duramente la falta de transparencia en los cálculos. Sus investigaciones exponen una evidente paradoja en el reporte de la industria: el nuevo documento indica que en 2023 se distribuyeron 222.000 millones de unidades de plástico descartable (superando las 108.000 millones estimadas por la CAA en junio y las 189.000 millones estimadas por el estado), pero paradójicamente reportan un peso total mucho menor.
Sumado a esto, Kyle Meisterling, científico del mismo laboratorio, advirtió que reducir artificialmente la línea de base distorsiona gravemente las métricas de éxito del estado. Por ejemplo, el polietileno de alta densidad (HDPE), usado comúnmente en envases de champú, tenía una tasa de reciclaje real estimada del 19%. Con el nuevo número base tan bajo, esa tasa de reciclaje salta mágicamente al 53% en los papeles, sin que se haya reciclado ni un solo gramo adicional de material. Ante esta manipulación estadística, McCauley lanzó una dura advertencia: “Este conjunto de números, aparentemente trivial, determinará cuánta de esa contaminación no deseada permanece en nuestras playas, nuestras comunidades y nuestros cuerpos”.
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