La Justicia estadounidense ha puesto un freno legal al ambicioso proyecto monumental de la actual administración. Una jueza federal ordenó suspender durante 14 días cualquier obra, excavación o tarea de construcción vinculada al Arco Triunfal promovido por el presidente Donald Trump, el cual pretende erigirse cerca de la entrada del Cementerio Nacional de Arlington en el área metropolitana de Washington.
La medida cautelar, dictada por la jueza Tanya S. Chutkan, se dio a conocer irónicamente poco después de que la Comisión Nacional de Planificación de la Capital diera luz verde al proyecto. La comisión había aprobado los planos por ocho votos contra cuatro, tras una exhaustiva audiencia virtual de nueve horas que incluyó múltiples objeciones ciudadanas.
El monumental arco de 76 metros de altura se encuentra acorralado por dos frentes judiciales. Por un lado, veteranos y defensores del patrimonio histórico denuncian que la estructura alteraría irremediablemente la solemnidad del cementerio. Por otro, los gobiernos de Virginia y el Distrito de Columbia argumentan que la obra contraviene al menos cinco leyes federales, incluyendo una estricta normativa que limita la altura de los edificios en la capital a un máximo de 39 metros.
En un contundente fallo de 33 páginas, la jueza Chutkan justificó la paralización señalando que el inicio inmediato de las obras causaría un “perjuicio inminente” y “daño seguro”. Explicó que los desvíos de tránsito y la gestión de emergencias obligarían al Distrito de Columbia a gastar recursos operativos irrecuperables.
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Además, la magistrada desestimó el principal argumento legal del gobierno, que intentaba justificar la construcción basándose en una antigua ley de 1925 sobre el Puente Memorial de Arlington. Para Chutkan, el esfuerzo de la administración por ampararse en una ley centenaria desconocida hasta ahora “demuestra hasta qué punto los demandados deben esforzarse para justificar este proyecto”.
Otro punto de gran controversia gira en torno a las presuntas funciones militares de la obra. Aunque el presidente Trump prometió que el arco contaría con puestos para francotiradores y bases de drones, los planos oficiales aprobados por la comisión no incluyen ninguna de estas instalaciones. La jueza calificó de “sin fundamento” los repentinos argumentos de seguridad nacional esgrimidos a última hora por la administración.
La respuesta del gobierno no se hizo esperar. Davis Ingle, portavoz de la Casa Blanca, arremetió contra la resolución judicial calificándola como la acción de un “tribunal de distrito activista”. No obstante, aseguró que confían en ganar el litigio para finalizar lo que definió como “un magnífico arco, un homenaje a 250 años de grandeza estadounidense”.
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