Senadores estadounidenses pidieron al secretario de Estado, Anthony Blinken, que se suspenda la exportación de armas a la Secretaría de Marina (Semar) y a policías mexicanas por malos manejos que derivan en abuso a los derechos humanos y la falta de transparencia en los usuarios finales.
Esta petición se da luego de que la Secretaría de Marina pidió la compra de rifles de asalto a Sig Sauer Inc, empresa de origen alemán, pero con una subsidiaria en Estados Unidos, por 5.5 millones de dólares.
Esta compra, por ser mayor al millón de dólares, debe ser aprobada por el Congreso, que recibió la solicitud el pasado 29 de julio. El Congreso tiene 30 días para responder, pero hasta el momento se desconoce si se otorgó la licencia.
La carta, firmada el 14 de septiembre por cuatro senadores (Patrick Leahy, de Vermont; Cory Booker, de Nueva Jersey; Jeff Merkley, de Oregon, y Dick Durbin, de Illinois), todos del Partido Demócrata, expresa la preocupación de que las armas que salen de Estados Unidos no tienen mecanismos claros de seguridad para evitar que sean usadas en crímenes.
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“Dada la extensa documentación acerca de la infiltración generalizada de las fuerzas policiales mexicanas por parte de organizaciones criminales y la participación policial y militar en atrocidades, esperamos que las secretarías de Estado y de Comercio establezcan mecanismos para garantizar que las armas de fuego estadounidenses no contribuyan a estos delitos”, se lee en el mensaje.
Consultada al respecto, la Semar explicó que la decisión compete únicamente al Congreso de EU, que está en plena libertad de creer cuál es el uso que se le daría a esas armas. “La Marina no adquiere armamento con esa finalidad y por reglamentos internos y ética propia, siempre será respetuosa en la observación de los derechos humanos”, remarcó.
Estados Unidos tiene un programa para revisar usos finales de armas exportadas, pero no revisa los reportes de violaciones de derechos humanos. “Igualmente, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) nunca ha rechazado la venta de armas a una corporación policial basado en su corrupción ni violaciones a derechos humanos.
“Los certificados de usuario final sometidos para armas exportadas jamás identifican a las corporaciones policiales, verdaderos usuarios de estos miles de armas. Por eso suspender la exportación de armas hasta que se detenga su uso por violadores es fundamental”, explicó a EL UNIVERSAL John Lindsay Poland, coordinador de “Stop US Arms to Mexico”.
Entre 2006 y 2018 la Sedena compró a empresas estadounidenses por lo menos 311 mil armas para policías, de acuerdo con una investigación del proyecto “Stop US Arms to Mexico”.
Los casos que citan evidencia del uso de armamento de EU en casos que terminaron en abusos a los derechos humanos son Ayotzinapa en 2014 por la policía municipal, en el estado de Tamaulipas por el Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) en los últimos tres años, así como las detenciones a elementos de la Marina por su participación en desapariciones forzadas en Nuevo Laredo, Tamaulipas en 2018.
En agosto de este año el gobierno mexicano denunció a fabricantes y proveedores de armas en EU alegando que inundan el mercado con armamento atractivo para los cárteles. Sig Sauer no está dentro de las empresas denunciadas, pero sí ha dado servicio en distintas ocasiones a las Fuerzas Armadas de nuestro país. Según el United States Census Bureau, entre 2013 y 2019 Sig Sauer vendió 13 mil armas a México que son usadas por las policías. En 2020, la Guardia Nacional compró además 50 mil pistolas a la firma alemana.
