La representante estatal Nicole Collier, demócrata de Fort Worth, presentó una demanda contra la Cámara de Representantes de Texas tras negarse a aceptar la vigilancia obligatoria de la Policía Estatal (DPS) para salir del recinto legislativo.
Collier ha permanecido en el pleno de la Cámara desde el lunes por la tarde, en el marco de la disputa por el nuevo mapa congresional que busca otorgar cinco escaños adicionales al Partido Republicano en las elecciones de 2026. Aunque alrededor de dos docenas de demócratas regresaron el lunes, tras un boicot de dos semanas, solo se les permitió abandonar el recinto bajo escolta policial.
La legisladora rechazó ese requisito, afirmando que no firmaría un acuerdo que, en sus palabras, atentaba contra su dignidad como representante electa. En su demanda, Collier argumenta que la Cámara no tiene autoridad para detener a legisladores que ya se encuentran presentes en el Capitolio ni para imponerles vigilancia obligatoria.
Según el documento presentado en un tribunal del condado de Travis, las reglas internas permiten traer de vuelta a legisladores ausentes mediante el uso de la fuerza pública, pero no contemplan retener a quienes cumplen con su obligación de estar en el pleno. “No existe votación pendiente ni necesidad de quórum. La representante Collier se encuentra presente, por lo que su comparecencia no puede ser forzada”, señala el escrito.
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La demanda solicita a un juez ordenar su liberación de cualquier restricción y prohibir al sargento de armas de la Cámara limitar sus movimientos, salvo que se ausente deliberadamente del proceso legislativo.
Collier pasó la noche en el recinto junto a los representantes demócratas Gene Wu y Vince Perez, quienes también permanecieron en el pleno mientras se reanudaban los trabajos. Se espera que la Cámara retome la discusión del mapa el miércoles por la mañana.
El caso se suma a la serie de enfrentamientos legales derivados de la estrategia demócrata de romper el quórum. En semanas previas, el presidente de la Cámara, Dustin Burrows, emitió órdenes de arresto civil contra legisladores que abandonaron Texas, mientras que el gobernador Greg Abbott y el fiscal general Ken Paxton pidieron a la Corte Suprema estatal declarar vacantes sus escaños, una medida inédita en la historia legislativa del estado.
