Lo que comenzó como una visita turística a Austin en diciembre de 2024 se convirtió en una tragedia de por vida para Natalie Gialenes. Este lunes 5 de enero de 2026, la mujer presentó formalmente una demanda contra la Ciudad de Austin y el ahora exoficial Joseph Spees, alegando que el uso de fuerza injustificado del agente le provocó una lesión cerebral traumática (TBI).
Según el documento legal presentado por la firma Edwards Law, el incidente ocurrió cuando Spees arrojó violentamente a Gialenes al suelo mientras ella se encontraba esposada y sin mostrar resistencia. La gravedad de las lesiones requirió hospitalización prolongada y obligó a la demandante a abandonar sus estudios en la escuela de asistentes legales.
La jefa de la policía de Austin, Lisa Davis, tomó medidas drásticas el pasado 3 de diciembre de 2025, suspendiendo a Spees de forma indefinida (equivalente al despido). Davis calificó las acciones del oficial como “reprensibles” y subrayó que el derribo no tenía justificación alguna bajo los protocolos del departamento.
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Una investigación de Asuntos Internos determinó que Spees violó múltiples políticas fundamentales:
- Takedown irrazonable: Aplicó una fuerza excesiva contra una persona intoxicada.
- Falta de desescalada: No utilizó técnicas para calmar la situación antes de recurrir a la violencia.
- Negligencia médica: No brindó ni solicitó la atención adecuada para la persona herida tras el impacto.
- Reporte inexacto: Presentó una versión de los hechos que no coincidía con la realidad captada por las cámaras.
Jeff Edwards, abogado principal de Gialenes, argumentó que este no es un caso aislado de un “mal oficial”, sino el resultado de un patrón de conducta que la ciudad ha permitido durante años. “La Sra. Gialenes sufrió una lesión cerebral dolorosa y grave que la afectará por el resto de su vida”, declaró Edwards, enfatizando que el departamento debe reformar su sistema disciplinario y de entrenamiento de inmediato.
Por su parte, la Ciudad de Austin emitió un breve comunicado indicando que aún no han sido notificados formalmente de la demanda, pero que revisarán los documentos y responderán de manera apropiada a través de sus canales legales.
Este caso reabre el debate sobre la rendición de cuentas policial en la capital de Texas, especialmente en incidentes que involucran a sujetos vulnerables o intoxicados que ya se encuentran bajo custodia.
