Durante su conferencia matutina de este martes 24 de febrero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo marcó una línea divisoria clara frente a las críticas que comparan su gestión con la de Felipe Calderón. Tras el operativo en Tapalpa donde fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, la mandataria enfatizó que su gobierno no busca el exterminio, sino el cumplimiento de la ley. “Nunca, imagínense, Dios nos libre”, respondió al ser cuestionada sobre si este evento marcaba el inicio de una nueva etapa de confrontación bélica similar a la iniciada en 2006.
La jefa del Ejecutivo explicó que la muerte del líder del CJNG no fue un objetivo premeditado de “ultimar a una persona”, sino la consecuencia de un enfrentamiento directo. Según el reporte oficial, las fuerzas federales ejecutaban una orden de aprehensión cuando fueron atacadas por el brazo armado del cártel, lo que obligó a los elementos del Ejército a responder en legítima defensa. Sheinbaum subrayó que, a diferencia del pasado, hoy las Fuerzas Armadas operan bajo un marco legal robusto y dentro del sistema penal acusatorio, evitando los “estados de excepción” que, según ella, caracterizaron al periodo calderonista.
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La presidenta reiteró que la Estrategia Nacional de Seguridad se mantiene firme sobre cuatro ejes fundamentales: atención a las causas sociales, fortalecimiento de la Guardia Nacional, inteligencia e investigación, y una coordinación estrecha entre niveles de gobierno. Insistió en que el uso de la fuerza es el último recurso y que la prioridad de su administración sigue siendo la pacificación del país a través de la justicia y la reducción de la impunidad, no mediante operativos de “aniquilación” que operen fuera de la Constitución.
Finalmente, Sheinbaum aprovechó para cuestionar la legitimidad del expresidente Calderón, señalando que su estrategia carecía de base legal y protección para las tropas. Al concluir, envió un mensaje de calma a la población tras la ola de narcobloqueos: “Nuestra búsqueda es la paz, no la guerra, esa es la diferencia”. Con esta postura, el Gobierno Federal busca mitigar la percepción de una escalada de violencia y reafirmar que la captura (o abatimiento en este caso) de objetivos prioritarios es parte de un proceso judicial y no de una campaña militar abierta.
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