En un movimiento que evidencia la drástica reconfiguración del mercado energético regional, Venezuela ha enviado su primer cargamento de petróleo a Israel después de casi cuatro años de parálisis comercial. El embarque fue destinado a Bazan Group, el principal refinador de Tel Aviv, bajo la nueva supervisión de la administración estadounidense sobre las ventas internacionales de crudo venezolano. Este cambio de rumbo ocurre semanas después de que fuerzas de EE. UU. capturaran a Nicolás Maduro, permitiendo que Washington asuma la gestión estratégica de las exportaciones de la estatal PDVSA.
Hasta hace poco, la producción venezolana se dirigía mayoritariamente a China a través de rutas opacas. Sin embargo, bajo el nuevo control federal, se han concretado ventas directas a compradores en India, España, Estados Unidos e Israel. La operación con el grupo Bazan se manejó con discreción, una práctica común en el mercado israelí, donde los buques suelen apagar sus sistemas de rastreo digital al aproximarse a puerto para evitar tensiones geopolíticas, aunque los datos de flujo energético confirmaron la llegada de los barriles.
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Este nuevo ordenamiento ha despertado el interés de gigantes corporativos como BP, que actualmente tramita licencias ante Washington para desarrollar el yacimiento de gas Manakin-Cocuina, situado entre Trinidad y Tobago y Venezuela. El objetivo es procesar un billón de pies cúbicos de gas para exportación, un proyecto que anteriormente había sido bloqueado por sanciones. La confianza de las petroleras internacionales parece estar regresando a medida que el Departamento del Tesoro de EE. UU. toma las riendas de la validación de contratos y licencias operativas.
Al mismo tiempo, el Pentágono ha reforzado el bloqueo militar para erradicar el comercio paralelo. Recientemente, se confirmó la captura del petrolero Aquila II en el océano Índico tras una persecución que inició en el Caribe. Este buque es el octavo incautado desde que la Casa Blanca ordenó el bloqueo de naves sancionadas en diciembre. Estas acciones militares buscan garantizar que todo el crudo venezolano sea comercializado exclusivamente a través de los canales autorizados por la nueva administración supervisora, eliminando las redes de contrabando que operaron durante la última década.


































