Los legisladores republicanos han intensificado sus esfuerzos para eliminar las políticas de ciudades santuario en Estados Unidos mediante la presentación de la “Ley para Poner Fin a las Ciudades Santuario de 2026”. Esta polémica legislación tiene como objetivo principal procesar penalmente a gobernadores, alcaldes y policías locales que se nieguen a cooperar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Actualmente, estas políticas de protección operan en 12 estados y más de 200 ciudades, bloqueando la colaboración entre las fuerzas del orden locales y las autoridades migratorias federales, un punto que ha sido blanco constante de la actual administración del presidente Donald Trump.
Durante una reciente audiencia del Comité de Presupuesto del Senado, los republicanos argumentaron que las jurisdicciones santuario representan un grave peligro para la seguridad pública. El senador Lindsey Graham, presidente del comité, denunció que estas políticas han permitido la liberación de unos 10.000 criminales que posteriormente reincidieron, exigiendo que las autoridades locales “sientan el dolor” de desafiar la ley federal. Para ilustrar su punto, el exsecretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, citó el trágico caso de Stephanie Minter, una ciudadana asesinada por un inmigrante indocumentado con más de 30 arrestos previos, cuya orden de retención de ICE fue bloqueada en Virginia.
También te puede interesar: Harvey Weinstein asegura que demostrará su inocencia en su primera entrevista desde la cárcel
Por su parte, los legisladores demócratas rechazaron tajantemente la medida y lanzaron duras críticas contra las tácticas operativas de ICE, comparándolas con las acciones de una policía secreta. El senador Jeff Merkley denunció que los agentes federales utilizan camionetas y uniformes sin identificación, derriban puertas sin órdenes judiciales y detienen a personas aislándolas de sus familias y abogados. Además, los opositores a la ley y diversos manifestantes destacaron que las recientes redadas migratorias ya han resultado en la trágica muerte de al menos tres ciudadanos estadounidenses, elevando la tensión y el rechazo hacia estas operaciones.
Aunque por el momento parece muy difícil que esta legislación consiga los votos necesarios para ser aprobada en el Congreso, la presión desde la Casa Blanca no cesa. El presidente Trump ha recurrido a otras estrategias coercitivas, amenazando directamente con retener los vitales fondos federales destinados a los estados y ciudades que mantengan estas políticas de protección. Esta creciente disputa legislativa y política refleja la profunda y polarizada división que existe actualmente en el país sobre cómo debe aplicarse la ley de inmigración en Estados Unidos.
Visita: http://austinlatinx.com
