Justin Ryan Schmidt, quien anteriormente gestionaba un fondo de cobertura centrado en criptomonedas en Austin, se declaró culpable de evadir el pago de más de 1.5 millones de dólares en impuestos federales sobre la renta. Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Schmidt generó ingresos superiores a los 6 millones de dólares entre 2020 y marzo de 2022, pero en sus declaraciones oficiales afirmó haber ganado 5,000 dólares o menos por año. Además de ocultar estas ganancias, el acusado mantenía millones de dólares en cuentas bancarias extranjeras que nunca fueron declaradas a las autoridades fiscales.
El esquema de fraude se agravó cuando Schmidt decidió renunciar a su ciudadanía estadounidense en marzo de 2022. Durante el proceso de expatriación, presentó una declaración jurada falsa donde aseguraba que su patrimonio neto era de apenas 25,000 dólares, cuando los fiscales demostraron que en realidad superaba los 2 millones de dólares. Asimismo, mintió al asegurar que había cumplido con todas sus obligaciones tributarias durante los cinco años anteriores, un requisito indispensable para formalizar su renuncia ante el gobierno.
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La investigación realizada por la división de Investigación Criminal del IRS reveló que Schmidt continuó con sus prácticas ilícitas incluso después de iniciar su proceso de salida del país. En el año 2023, el exgerente evadió los impuestos correspondientes a la venta de una propiedad en el estado de Colorado, una transacción que le reportó ganancias netas de aproximadamente 3.2 millones de dólares. Este movimiento financiero fue determinante para que las autoridades consolidaran los cargos en su contra por ocultamiento de activos y falsedad documental.
Tras admitir su culpabilidad por un cargo de evasión de impuestos, Schmidt se enfrenta ahora a una posible condena de hasta cinco años en una prisión federal. Aunque la fecha para dictar la sentencia definitiva aún no ha sido programada, el caso resalta el creciente control de las agencias federales sobre las ganancias derivadas de activos digitales y cuentas en el extranjero. Este proceso judicial sirve como una advertencia para otros operadores financieros que intentan utilizar la expatriación o las criptomonedas como mecanismos para eludir sus responsabilidades legales ante el fisco.
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