La mañana de este jueves 30 de abril, la violencia volvió a sacudir al sector público de Sinaloa con el asesinato de Homar Salas Gastélum, secretario general electo del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán (STASAC). El ataque ocurrió poco antes de las 09:00 horas en el domicilio del líder sindical, ubicado en la colonia Brisas del Humaya, al norte de la capital. Salas Gastélum se encontraba en la cochera de su vivienda cuando un grupo de sujetos armados abrió fuego, terminando con su vida y con la de un acompañante identificado como Benjamín “N”, quien se desempeñaba como funcionario del Ayuntamiento.
Este crimen no representa el primer acto de agresión contra el dirigente. Apenas el pasado 18 de febrero, su domicilio fue blanco de un ataque masivo en el que sujetos a bordo de dos vehículos dispararon contra la fachada de la propiedad. En aquella ocasión, Salas Gastélum y su familia resultaron ilesos, y aunque la Fiscalía General del Estado (FGE) inició una carpeta de investigación de oficio, el líder sindical no había presentado una denuncia formal ni reportado amenazas previas, según declaraciones de la fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo.
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El asesinato se produce en un momento de extrema vulnerabilidad política para el sindicato y la administración local. Homar Salas tenía previsto tomar posesión de su cargo para el periodo 2026-2029 el próximo 19 de mayo. El alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, repudió el atentado a través de sus redes sociales, calificándolo de “cobarde” y exigiendo una investigación exhaustiva para dar con los responsables. La presencia de escoltas de la policía municipal en el lugar del ataque no fue suficiente para repeler la agresión de los sicarios, quienes huyeron tras cumplir su objetivo.
Este suceso añade una capa de tensión adicional a la crisis institucional que atraviesa el estado. Cabe destacar que el asesinato ocurre apenas un día después de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos señalara formalmente al alcalde Gámez Mendívil y al gobernador Rubén Rocha Moya por presuntos vínculos con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa. El recrudecimiento de la violencia contra figuras vinculadas al ayuntamiento subraya el clima de inestabilidad que impera en la región mientras las investigaciones federales e internacionales siguen su curso.
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