La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó este jueves haber mantenido una comunicación directa con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, tras el impacto mediático y diplomático de la solicitud de extradición presentada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Durante su conferencia matutina, la mandataria relató que le transmitió un mensaje de calma al gobernador, señalando que mientras no existan evidencias materiales de los delitos imputados, su administración no cederá ante presiones externas: “Si no hay nada, pues no hay nada que temer”, sentenció.
Sheinbaum fue tajante al señalar que la solicitud proveniente de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, la cual acusa a Rocha Moya de colaborar con la facción de “Los Chapitos”, carece de la contundencia necesaria para ser ejecutada en territorio nacional. La presidenta enfatizó que la legislación mexicana no se basa en el “dicho de una persona”, sino en pruebas materiales. Por ello, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ya calificó el expediente como insuficiente, turnándolo a la Fiscalía General de la República (FGR) para una revisión bajo los estándares del sistema penal acusatorio mexicano.
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En un discurso marcado por la defensa de la soberanía, la mandataria advirtió que no permitirá que un gobierno extranjero influya en las decisiones políticas de México, apelando al artículo 39 constitucional. Criticó además la postura del embajador estadounidense por difundir públicamente la orden de extradición antes de agotar los canales institucionales, calificando el acto como una injerencia insolente. Sheinbaum recordó que, en caso de que surgieran pruebas, el proceso requeriría primero un juicio de procedencia (desafuero) en el Congreso, debido a la inmunidad que protege al gobernador y al senador Enrique Inzunza.
Este caso representa un hito histórico, al ser la primera vez que la justicia de Estados Unidos solicita formalmente la extradición de un gobernador y un senador mexicanos en funciones. Sin embargo, para el Gobierno de México, la falta de elementos probatorios sólidos convierte la acusación en un movimiento con tintes políticos. La postura de Palacio Nacional es clara: cooperación sí, pero subordinación no, condicionando cualquier avance judicial a que Washington presente evidencias irrefutables que trasciendan la retórica mediática.
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