La Fiscalía General de la República (FGR) respondió este martes a la acusación del gobierno de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios del estado, señalando que la solicitud de extradición presentada por Washington “no cuenta con elementos probatorios suficientes que aporten evidencias contundentes respecto a los hechos narrados”.
Así lo informó Ulises Lara López, fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, en una declaración pública emitida horas después de que el Departamento de Justicia estadounidense desecretara la acusación formal desde el Distrito Sur de Nueva York.
México cuestiona el procedimiento y la difusión pública
Lara López señaló además una irregularidad en el manejo de la solicitud por parte de Estados Unidos: el propio gobierno estadounidense había pedido que la información contenida en la solicitud de extradición no fuera divulgada ni hecha del dominio público, condición que, según el fiscal, no se cumplió en este caso.
La FGR fue notificada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sobre las solicitudes de detención provisional con fines de extradición. Según Lara, la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales tiene la obligación de analizar la información recibida para determinar si existen los elementos probatorios necesarios para avanzar con el proceso.
La FGR abrirá su propia investigación
El vocero de la FGR anunció que se iniciará una investigación interna para determinar si la acusación estadounidense cuenta con el fundamento legal suficiente para solicitar órdenes de aprehensión ante la autoridad judicial mexicana.
Lara recordó que el tratado bilateral de extradición entre México y Estados Unidos establece que “solamente se concederá la extradición si se determina que las pruebas son suficientes conforme a las leyes de la parte requerida”, es decir, conforme a la legislación mexicana.
El fuero: un obstáculo legal adicional
El fiscal también subrayó que, en el caso del gobernador Rocha Moya y del senador Enrique Inzunza Cazarez (otro de los acusados}, la ley mexicana exige un juicio de procedencia para retirar la inmunidad procesal antes de poder avanzar con cualquier acción penal. Este procedimiento, conocido como desafuero, debe tramitarse ante el Congreso de la Unión.
Lara cerró su declaración reafirmando el compromiso de la FGR con la soberanía nacional y el estado de derecho: “Los derechos y garantías de las personas requeridas, al igual que en el estado requirente, son inalienables”.
El contexto
La acusación del Departamento de Justicia, anunciada esta mañana, señala a Rocha Moya y otros nueve funcionarios de Sinaloa de haber colaborado con la facción de los “Chapitos” del Cártel de Sinaloa a cambio de millones de dólares en sobornos, facilitando el tráfico de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetaminas hacia Estados Unidos. El gobernador, de 76 años, enfrenta cargos que conllevan una pena mínima de 40 años y máxima de cadena perpetua.
Los cargos contenidos en la acusación estadounidense son únicamente alegaciones. Los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario.
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Fuentes: Comunicado de la FGR, 29 de abril de 2026; Departamento de Justicia de Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York.
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