El fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), Terrance C. Cole, anunciaron hoy el desecretamiento de una acusación formal contra el gobernador en funciones del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve actuales y ex funcionarios de gobierno y policía de ese estado, por cargos de conspiración para importar narcóticos y delitos relacionados con armas de guerra.
Los acusados enfrentan cadena perpetua y una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión. El caso fue asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla.
Los acusados
La acusación incluye a los siguientes funcionarios:
- Rubén Rocha Moya — Gobernador de Sinaloa (76 años) — Pena mínima: 40 años / máxima: cadena perpetua
- Enrique Inzunza Cazarez — Senador; ex Secretario General de Sinaloa (53 años) — Mínima: 40 años
- Enrique Díaz Vega — Ex Secretario de Administración y Finanzas (50 años) — Mínima: 40 años
- Dámaso Castro Zaavedra — Subprocurador de la Fiscalía del Estado de Sinaloa (54 años) — Mínima: 40 años
- Marco Antonio Almanza Avilés — Ex jefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa (54 años) — Mínima: 40 años
- Alberto Jorge Contreras Núñez, “Cholo” — Ex jefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa (45 años) — Mínima: 40 años
- Gerardo Mérida Sánchez — Ex Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa (66 años) — Mínima: 40 años
- José Antonio Dionisio Hipólito, “Tornado” — Ex Subdirector de la Policía Estatal de Sinaloa (55 años) — Mínima: 40 años
- Juan de Dios Gámez Mendívil — Alcalde de Culiacán (41 años) — Mínima: 40 años
- Juan Valenzuela Millán, “Juanito” — Ex comandante de la Policía Municipal de Culiacán (35 años) — Cadena perpetua obligatoria
La red: los “Chapitos” y millones en sobornos
Según la acusación, todos los implicados operaban en coordinación con los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, conocidos como los “Chapitos”, la facción dominante del Cártel de Sinaloa. A cambio de sobornos millonarios, los acusados protegieron cargamentos de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetaminas con destino a Estados Unidos, filtraron información confidencial sobre operativos militares y policiales, y utilizaron sus cargos para blindar a líderes del cártel de investigaciones y arrestos.
El subprocurador Dámaso Castro Zaavedra recibía, según la acusación, aproximadamente $11,000 dólares mensuales de los Chapitos a cambio de protegerlos y alertarlos sobre operaciones respaldadas por EE.UU. Por su parte, el gobernador Rocha Moya habría asistido personalmente a reuniones con los Chapitos, quienes supuestamente lo ayudaron a ganar la gubernatura en 2021 mediante intimidación y secuestro de sus rivales políticos.
El caso más grave: el secuestro y muerte de un informante de la DEA
El caso de Juan Valenzuela Millán, ex comandante de alto nivel de la Policía Municipal de Culiacán, es el más grave de la acusación. En octubre de 2023, Millán habría facilitado el secuestro de un informante confidencial de la DEA y un familiar de este, quienes fueron torturados y asesinados por los Chapitos al sospechar que cooperaban con la investigación federal. Por ello, Millán enfrenta cadena perpetua obligatoria, sin posibilidad de reducción de condena.
El impacto en la comunidad latina
Para las comunidades latinas en Estados Unidos, y en particular para los mexicanos y sus familias en ciudades como Austin, estas acusaciones son un recordatorio del costo humano del tráfico de drogas. El fentanilo —droga central en esta acusación— ha devastado barrios latinos en Texas y en todo el país. La complicidad de funcionarios electos en ese tráfico representa una traición directa a las comunidades que más sufren sus consecuencias.
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¿Qué sigue?
Todos los acusados se encuentran actualmente en México. La acusación fue manejada por la Unidad de Seguridad Nacional y Narcóticos Internacionales del Distrito Sur de Nueva York. La DEA destacó la colaboración del gobierno mexicano en la investigación.
Los cargos contenidos en la acusación son únicamente alegaciones. Los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario.
Fuente: Comunicado oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York, 29 de abril de 2026.
