El gobernador de Texas, Greg Abbott, envió una directiva formal a los reguladores energéticos del estado con el objetivo de garantizar que el acelerado desarrollo de los centros de datos (data centers) no incremente los costos de electricidad para los ciudadanos ni agote los recursos hídricos locales. Mediante una carta dirigida a los titulares de la Public Utility Commission (PUC) de Texas y del Electric Reliability Council of Texas (ERCOT), el mandatario estatal instruyó que las interconexiones de estas instalaciones tecnológicas resulten en una reducción de las facturas residenciales y exigió que las empresas tecnológicas asuman la totalidad de los gastos de su infraestructura eléctrica.
Especialistas en economía energética, como Ed Hirs de la University of Houston, señalaron que la postura del gobernador busca presionar a las corporaciones para que instalen sus propios sistemas de generación eléctrica dentro de sus complejos. Sin embargo, el analista advirtió que poseer un generador privado no blinda automáticamente a los consumidores residenciales de un aumento de precios, ya que gigantes como Google de igual forma requerirán conectarse a la red troncal de ERCOT como sistema de respaldo (backup), lo que obliga a ampliar la capacidad de transmisión y distribución de los servicios públicos locales para soportar esa carga potencial en un mercado cuya demanda proyecta crecer un 142%.
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La política regulatoria también desató confrontaciones en el escenario político. La legisladora y candidata demócrata a la gubernatura, Gina Hinojosa, criticó severamente el anuncio catalogándolo como una estrategia de evasión de responsabilidades. Hinojosa argumentó que la actual administración estatal fue la encargada de promover los incentivos fiscales más generosos del país para atraer de forma desmedida a estas industrias a Texas, provocando que los contribuyentes locales terminen subsidiando los costos operativos de empresas propiedad de los inversionistas más acaudalados del mundo. Por su parte, el juez del Hays County, Ruben Becerra, solicitó formalmente una sesión legislativa especial para otorgar a los gobiernos locales mayor autonomía y poder de decisión sobre la instalación de estos complejos en sus comunidades.
Ante estas demandas, la oficina de prensa del Ejecutivo estatal descartó una sesión extraordinaria y se comprometió a trabajar de la mano con la Legislatura de Texas durante el próximo periodo de sesiones ordinarias para codificar leyes de protección ambiental y comunitaria. Entre las medidas planteadas por Abbott se incluye la obligación de implementar sistemas de enfriamiento que hagan un uso eficiente del agua, reportes precisos de consumo para la planeación estatal, la eliminación gradual de incentivos fiscales obsoletos y la adopción de normativas de aislamiento acústico y distanciamiento territorial. Agrupaciones civiles como Environment Texas respaldaron la iniciativa de eliminar los subsidios y exigir eficiencia hídrica, aunque urgieron a los legisladores a regular también las emisiones contaminantes provocadas por las flotillas de generadores a diésel que estos centros de datos utilizan como respaldo de energía.
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